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NUEVOS LÍMITES

Un enfoque de contratación pública responsable

Luis Piacenza, 
Socio, Advisory en Crowe Horwath España.
Luis Piacenza, Socio, Advisory en Crowe Horwath España.

· Por Luis Piacenza, Socio, Advisory en Crowe Horwath España

domingo 18 de febrero de 2018, 11:08h
La nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, incorpora medidas obligatorias sobre aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esta ley transpone un marco innovador proveniente de la legislación europea incorporando, entre otros aspectos, criterios de RSC en la contratación pública.

La legislación revisada incluye aspectos como:

Prohibiciones de contratación

En el artículo sobre prohibiciones de contratar (Art. 71) se hace mención a las entidades jurídicas con condenas penales, haciendo extensiva la prohibición a los casos donde las condenas recaigan sobre sus administradores o representantes.

De esta manera se refuerza la necesidad de los planes de prevención de delitos penales, haciendo referencia a algunos aspectos como trata de seres humanos, corrupción, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y delitos contra los derechos de los trabajadores, entre otros.

Criterios sociales

Desde el punto de vista social, la ley exige de manera explícita el cumplimiento de las cuotas dispuestas en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la existencia de un plan de igualdad.

Criterios de desempate

Las pautas sobre criterios de desempate se establecen en el artículo 147, resultando favorecidas aquellas entidades que:

  • incorporen mayores porcentajes de trabajadores con discapacidad en la plantilla,
  • empleen mecanismos de Comercio Justo (cuando el producto o servicio sea aplicable),
  • cuenten con menor proporción de contratos temporales,
  • contraten mayor porcentaje de mujeres.

Adicionalmente, en el artículo 148 se establece para ciertos contratos la obligación de prestar información sobre ciclo de vida de producto, obra o servicio.

Otros aspectos interesantes son, por un lado, la inclusión dentro del ámbito de la ley a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y, por otro, la incorporación, como parte esencial de la contratación, de la búsqueda de la mejor relación calidad/precio y la obligación de considerar como parte de esa relación los criterios de impactos ambientales y sociales.

Condiciones especiales de ejecución

Según el art.202, todas las contrataciones incluirán, al menos, una de las siguientes condiciones especiales de ejecución de contratos:

  • De tipo medioambiental como la reducción de gases de efecto invernadero, el mantenimiento o la mejora de valores medioambientales
  • De tipo social o relativas al empleo:
    • Reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad, incluyendo la contratación de un número mayor del que exige la ley
    • Promover el empleo de personas con dificultades de inserción
    • Eliminar desigualdades basadas en género.
    • Conciliación del trabajo
    • Combatir el paro, en particular el juvenil.
    • Garantizar el cumplimiento de derechos colectivos.
    • Favorecimiento de pequeños productores de países en desarrollo

¿Qué implica esta ley?

Los aspectos regulados son cada vez más complejos y requieren de sistemas de gestión para asegurar su cumplimiento. Ya no es cuestión de llevar los papeles al día, sino de implementar acciones y procesos en la empresa.

En general, las empresas medianas pueden verse desfavorecidas en este nuevo marco, ya que las compañías más grandes hace tiempo que incorporan los temas de RSC en su agenda.

¿Qué hacer?

Para adecuar la organización a la nueva ley de Contratos del Sector Público es necesario:

  1. Obtener una pre-evaluación de un centro de excelencia de sostenibilidad y en RSC para analizar los impactos de la nueva ley.
  2. Elaborar una revisión del estado actual de la empresa y diseñar un plan de RSC a medida. Identificar qué aspectos son relevantes, cuál es el grado de cumplimiento real (no formal) de la organización y cómo ésta tiene previsto hacerlo a lo largo del tiempo. Realizar un cálculo coste-beneficio, para adoptar medidas de manera eficiente, satisfacer los requisitos y reducir el riesgo de perder oportunidades de contratación.
  3. Establecer la hoja de ruta y asegurar que las medidas se incorporan de manera sostenible, es decir, que en lugar de representar un coste, se puedan incorporar los requisitos regulatorios como una ventaja competitiva y no como una burocracia adicional.

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