Y es que, de acuerdo al Informe Pobreza Energética en España 2018, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA-, el 15% de la población estaría sufriendo temperaturas inadecuadas en su vivienda o algún retraso en el pago de recibos, o ambos. Además, cerca de 900.000 personas, el equivalente al 2,3% de la población, sufrieron en 2016 la desconexión, voluntaria o forzosa, del suministro energético de su hogar.
Con este escenario, la Plataforma del Tercer Sector y la Secretaría de Estado de Energía han coincidido en señalar que se necesita un trabajo conjunto a medio y largo plazo que garantice la eficacia del bono social con el objetivo de que llegue a las personas más vulnerables y que contribuya a paliar los problemas de sobreesfuerzo o incapacidad de pago con los que muchas personas afrontan la factura energética en nuestro país.
Para ello se han comprometido a constituir un grupo de trabajo bilateral de forma inmediata en el que se analicen propuestas y posibles actuaciones de mejora en la regulación y difusión del bono social eléctrico para ampliar el universo de personas y familias beneficiarias.
La Plataforma del Tercer Sector
Fundada en enero de 2012 por siete de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España (PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE), a la Plataforma se han sumado posteriormente la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia. Actualmente, está integrada por veinte organizaciones por medio de las cuales representa a cerca de 30.000 entidades del ámbito social.
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