Después de que en los últimos meses se hubieran producido varias extradiciones de estos detenidos de forma individual o en grupos reducidos, esta es la tercera extradición a gran escala en un caso de este tipo que se produce desde un país europeo a China continental, y marca un serio precedente nada alentador para la defensa de valores firmemente democráticos y las garantías necesarias en todo procedimiento judicial y, sobre todo, para el respecto por los derechos humanos fundamentales de las personas detenidas.
Desde Taiwán se hace hincapié en que el Gobierno español no se ha dignado a informar al taiwanés de tales movimientos, y ello pese a que desde la Oficina de Taiwán en España se ha solicitado reiteradamente la necesidad de recibir información sobre las extradiciones con anterioridad a su ejecución, así como de las identidades de los extraditados, para poder informar a sus familiares.
Asimismo, Taiwán recuerda que conocidos y reiterados informes de medios de comunicación y organismos internacionales de reconocido prestigio, como Amnistía Internacional, denuncian la continuada ausencia de garantías jurídicas en China continental. Y que diferentes expertos en derechos humanos de la ONU han instado recientemente a España a suspender las extradiciones y han mostrado su preocupación por la falta de garantías procesales y la posible exposición de los detenidos a torturas, malos tratos o hasta pena de muerte.
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