Tres factores determinantes de la crisis política de España

El primero de estos factores es la configuración defectuosa de la separación de los poderes estatales, que en la práctica es más aparente que real. Nuestro modelo de democracia parlamentaria en realidad camufla un sistema que consagra sutilmente la confusión de los poderes del Estado. Las cúpulas y mandarinatos de los principales partidos, a través de sus grupos parlamentarios en ambas cámaras, Congreso y Senado, interfieren en la dirección y composición del Poder Judicial, designando impúdicamente a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas o la Abogacía del Estado se han ido convirtiendo últimamente en instrumentos para hacer política, como sucede en los regímenes autoritarios, en los que se deja de distinguir la política del partido de la política del Gobierno, y ésta de la política de Estado. El gobierno del Estado se identifica cada vez más intensamente con el interés del partido en el poder y en general con el de una partitocracia sufragada con el erario y cuyos parlamentarios gozan de numerosos privilegios, blindajes e inmunidades.

La politización ha alcanzado gravemente al Poder Judicial a la par que se ha producido la judicialización de la política. Asistimos en el momento presente a un espectáculo de variedades protagonizado por un Gobierno y un Parlamento con políticos extraordinariamente inconscientes de la alta responsabilidad que tienen los cargos que ostentan. Al mismo tiempo, nadie puede negar la palmaria mediocridad y falta de cualificación profesional y técnica de los principales líderes políticos. Por si esto no fuera suficiente, parecen empeñados en seguir demostrando su indolencia e incapacidad para dialogar racionalmente sobre los asuntos de máxima prioridad para los ciudadanos y que demandan urgentes decisiones. Todo esto ha desacreditado el marco institucional en el que se asienta la democracia y el Estado de Derecho. Una confianza social que cuando se deteriora se tarda mucho en restaurar.

A la par que las disfuncionalidades del sistema constitucional, llevamos décadas presenciando la emergencia de redes de corrupción política a todos los niveles de la Administración. La corrupción en el poder y desde el poder es otro capítulo de obligado examen, por su incidencia en el descrédito de la política. La corrupción ha minado lo más sagrado que tiene una democracia, que es la creencia de la ciudadanía en sus representantes e instituciones. La inmensidad y densidad de tramas mafiosas vinculadas a la financiación ilegal de las campañas políticas, la malversación administrativa de fondos públicos, la abundante prevaricación y cohecho de no pocos altos cargos, el uso de información privilegiada así como el falseamiento de los sistemas de contratación pública ha sido determinante en esta latente desafección social, coincidiendo temporalmente con una crisis y poscrisis económica muy aguda para amplias capas sociales que en ciertos momentos pareció generar brotes de indignación que rápidamente el sistema supo canalizar a través de iniciativas y plataformas de disidencia controlada. Algunos de sus actores pisan hoy la moqueta monclovita.

El listado de causas enjuiciadas y las aún pendientes certifica la inmensa ciénaga en la que ha chapoteado la política española con los dos grandes partidos y sus respectivas redes clientelares. La corrupción ha llegado a alcanzar a la Corona, lesionando gravemente la legitimidad de una institución cuyo privilegio jurídico e histórico dentro de un sistema presuntamente democrático y parlamentario se funda, únicamente, en la ejemplaridad personal de sus miembros.

El tercer aspecto que debe atenderse en este examen es el rol y función social de los grandes medios de comunicación españoles, y especialmente las implicaciones ideológicas que comportan sus dependencias financieras, las injerencias corporativas y la precarización de los profesionales del periodismo. Los grandes grupos mediáticos, dependientes en gran medida para su sostenimiento de las concesiones públicas, de la publicidad estatal e institucional y de la financiación del oligopolio bancario, tampoco han sabido ni les ha interesado cultivar un fuerte espíritu crítico en la ciudadanía, para orientar la demanda de mejoras estructurales regidas por los más altos principios. Lejos de ello, las terminales mediáticas de los grandes partidos y corporaciones han ido apuntalando los intereses creados y desplegando las pertinentes cortinas de humo para encubrir la tramoya del Régimen y de sus tirititeros. En no pocas ocasiones han convertido el periodismo en un trabajo de trinchera y en una burda pero efectiva ingeniería social. El duopolio televisivo y su control del mercado publicitario es la máxima expresión de lo anteriormente referido. La situación de cosas en el espectro mediático está determinando la polarización de algunos sectores sociales, inducidos hacia el populismo demagógico, y paralelamente, la desvinculación de otros sectores respecto de los medios y canales de información tradicionales. Sin una opinión pública sólida, crítica y formada resulta imposible una regeneración política ni el planteamiento de reivindicaciones constructivas, sensatas y realistas.

Parece evidente que España es un país agotado existencialmente, necesitado de un nuevo proyecto colectivo ilusionante que sea capaz de superar las desavenencias recurrentes dentro del marco del Régimen del 78 y regenerar cada uno de los ámbitos sociales necesitados de impulso y dinamismo. La regeneración la política española sólo será posible desde la ética personal de nuevos líderes sociales y políticos, esto es, desde la responsabilidad y prudencia en la gestión, su ejemplaridad vital, transparencia y coherencia. La regeneración no es un proceso que pueda hacerse en una legislatura, ni en dos. Será un proceso reconstituyente a largo plazo que permita la supervivencia de España, como una de las más importantes naciones culturales de Europa, cuyo idioma, patrimonio de decenas de países en Hispanoamérica, la convirtió en un país de dimensión universal. Estamos a tiempo de evitar que las disfunciones constitucionales y el impacto de la corrupción política y de las omisiones del Cuarto Poder en su deber de formar adecuadamente una opinión pública sigan minando el valioso crédito social en la democracia y en sus instituciones. La regeneración es posible y debe comenzar cuento antes.