De lo dispuesto sobre la mesa hasta el momento se extrae que los ERTE se ampliarán hasta el 31 de enero y que las exenciones de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores incluidos en los ERTE alcanzarán hasta el 75% y el 80%, dependiendo del tamaño de la plantilla. No obstante, no todas las empresas podrán beneficiarse de estas exoneraciones. Únicamente podrán acogerse aquellas que puedan demostrar estar vinculadas al sector turístico, ubicadas en zonas turísticas y cuya facturación haya caído por encima de un 50% a consecuencia de la crisis generada por el Covid-19.
La Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios, Anceco, ha mostrado su disconformidad alegando que “se trata de una medida injusta que producirá inseguridad jurídica y arbitrariedad puesto que la demostración de esos requisitos estará sujeta al Ministerio de Trabajo”.
“Miles de empresas del sector comercio que no estén ubicadas en zonas turísticas van a quedar desprotegidas, viéndose obligadas a echar el cierre al negocio en el que han trabajado durante toda su vida”, ha afirmado Jordi Costa, presidente de Anceco.
“Las cifras son terribles para el comercio, si no se aprobara la prórroga de los ERTE, se podrían perder hasta un millón de empleos", ha advertido Jordi Costa.
“Aplicar el plan discriminatorio generará tensiones, generará un bloqueo en la negociación y provocará previsiblemente el aumento de los concursos de acreedores, hasta los 150.000, durante 2021 y 2022, tres veces más que los que se han producido en los últimos 17 años”, ha concluido.
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