Impuestos a los ricos

Recientes estudios; como el de uno de los autores de este artículo, José Ramón Riera, que cifra el despilfarro autonómico en 88.000 millones de euros y, el del Instituto de Estudios Económicos que estima en un 14% la reducción posible en España del gasto público, es decir, 60.000 millones de euros; demuestran lo falaz del argumentario de la izquierda asumido también por la derecha española, recuerden a Montoro y Rajoy: “Los impuestos son para prestar servicios fundamentales del estado de bienestar”. Estos estudios demuestran que los presupuestos de las administraciones españolas se podrían contraer sustancialmente ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos, como así lo indican los índices que miden la eficiencia del gasto público a nivel mundial, los cuales sitúan a nuestro país con más de 24 puntos por debajo de la media de la UE, a la cola de los países desarrollados.

En España, en contra de lo que afirman los populistas, los únicos verdaderamente poderosos son los políticos que dirigen la mayor y más ineficaz empresa: El estado “leviatán”.

Los ciudadanos debemos saber que este sobrecoste, innecesario para el ciudadano e imposible de mantener para nuestro país, responde únicamente a los intereses de nuestra clase política, que se gasta nuestro dinero en mantener sus prebendas y en redes clientelares que los perpetúen en el poder.

En segundo lugar, la nueva subida de impuestos a los “más ricos” además de una excusa para esquilmarnos a todos, no sólo es inmoral, sino que además resulta ineficaz.

Los principales patrimonios, fruto de grandes ideas o de gestiones eficaces, pueden, como han hecho cada vez que un país ha intentado aplicar políticas fiscales confiscatorias, trasladar su domicilio fiscal. Francia, que aplicó una medida similar en 2016 bajo la presidencia de François Hollande tuvo que retirarla en 2018 ante una recaudación que sólo llegó a 4.000 millones en una economía que es el doble que la española, además con el efecto negativo de que más de 300 altos patrimonios franceses se domiciliaron fuera del país, con lo que no pagaron ni este impuesto ni ningún otro.

Siendo esto así, el principal quebranto no es económico, por mucho que les pese a los partidarios de lo público, incapaces de crear o producir nada por sí mismos. Estos en su afán por satisfacer la aversión que sienten por aquellos que son mejores que ellos, lo único que consiguen con estas políticas es expulsar de España a los mejores.

A la actual clase política, experta en eslogan e imagen, se le llena la boca hablando de I+D+i, de la necesidad que tiene nuestro país de emprendedores, pero, ante su afán confiscatorio necesario para mantener su situación de privilegio, no dudan en eliminar el principal incentivo del mercado para conseguir el progreso económico: los beneficios de aquellos que aciertan en sus inversiones y se sacrifican en el trabajo.

Los ciudadanos, no podemos demorar más la elección. Debemos decidir si seguimos el actual camino que nos lleva a un modelo estatista extractivo o, revertimos la situación y apoyamos un modelo donde al individuo se le reconozcan sus derechos inalienables. Es decir, debemos elegir entre que clase debe primar socialmente:

1. Una clase dirigente política, improductiva, que reclama para sí el monopolio legítimo de la violencia. Cuyos miembros establecen la competencia interna en la capacidad de medrar y que, en su estrategia de ascenso social, han entrado en una peligrosa dinámica de mercadeo con el demos, al que sólo puede ofrecer lo arrebatado a otros.
2. Apoyamos una clase formada por emprendedores, donde la competencia se establece en la capacidad de innovar para ofrecer los mejores productos y el triunfo lo determina el público mediante su selección.

Para finalizar vamos a hacer algo absolutamente escandaloso, vamos a cuestionar un dogma de la izquierda que la derecha ha asumido incomprensiblemente: ¿Tiene el Estado derecho a recabar impuestos de un individuo sin límite alguno?

Actualmente en España un pequeño empresario que tenga una empresa que factura 1 millón de euros y que el empresario no cobra nada de salario, ni retira un solo euro en gastos y que la empresa genera 100.000 euros de beneficio, si decidiese llevarse esos 100.000 euros para su casa, tendría que hacer lo siguiente:

1. Pagaría un impuesto de Sociedades del 25%, le quedarían 75.000 €
2. De ese beneficio se lo repartiría como dividendos pagando un 19% de ingreso a cuenta, que se descontaría posteriormente de la declaración de la Renta, le quedarían 60.750 € después de pagar ese impuesto.
3. Cuando hiciese la declaración de la renta tendría que pagar 31.750€ menos los 17.500€ que ya ha ingresado a cuenta.
4. Es decir, al empresario le quedarían netos para gastar 43.250€.
5. Si se gasta todo en bienes de consumo, pagaría un IVA de 9.083 €
6. Lo cual quiere decir que el dinero líquido después de pagar Impuesto Sociedades, Dividendo, IRPF e IVA de los 100.000 euros ganados podría disfrutar de 34.168 € y el Estado se llevaría 65.833.

En España, un pequeño empresario, que no puede contratar hermanos de presidentes para recibir subvenciones y como no puede usar a los grandes fiscalistas de este país, se ve abocado a pagar el 66%. Y no olvidemos, que las grandes empresas tienen en plantillas a grandes mentes pensantes para pagar lo que la ley exige, pero que la ley tiene espacios que los pequeños no pueden usar y que además los pequeños son los que crean el 90% del empleo y pagan todos los impuestos que la ley exige porque no tiene salida.

El nuevo impuesto para los “ricos” consiste, en lugar de quitarles el 66% de los beneficios quitarles el 75%, logrando así, que quiebren porque no pueden seguir trabajando.

El Estado no puede seguir haciendo lo que nadie en su empresa o en su casa hace, establecer en nivel de ingresos en función de sus necesidades de gasto, incluido el gasto político improductivo, cualquier persona o institución sensata ajusta los gastos a los ingresos. Los individuos no pueden ser expropiados por las necesidades espurias de los que, en teoría, nos representan. La propia Constitución en su artículo 31.1 señala: >.

En España, desde la Transición, los impuestos respetan el principio de igualdad y son progresivos, pero el carácter confiscatorio no ha cesado de crecer compulsiva e inmoralmente.

El falso argumento demagógico de un Gobierno que se enfrenta a los “poderosos” para defender a los débiles, es insostenible. La realidad es que en España no existe nadie tan poderoso como Pedro Sánchez y su Gobierno. Lo que quiere este déspota disfrazado de “populista” es aún más poder, para ello necesita más impuestos con los que poder comprar más voluntades. No se engañen ustedes, el sanchismo quiere un único poder, por eso ataca al poder judicial, ningunea el legislativo, impone la ingeniería social, señala a los emprendedores de éxito y en estos días, emulando a Pablo Iglesias, se dedica a agredir a la prensa libre.

En tanto, los que reciben transferencias del Estado se dejen llevar por la propaganda y la adulación de los políticos, no entiendan que los que producen sus ingresos merecen respeto y consideración y que no se les puede sangrar sin límites mientras el Gobierno despilfarra nuestro dinero, corremos un gran peligro de terminar como Venezuela o cualquier estado populista.

En contra de lo que dice la propaganda gubernamental, los que más ingresan ya pagan más, lo que no se puede, pues es inmoral por ir en contra de la naturaleza humana, es exigirle a un individuo que pague más al Estado de lo que el mismo se queda. Sobre todo cuando este Estado es ineficiente y derrochador.

La envidia es muy mala consejera, piénsenlo bien, o no sienten envidia de cómo vive Pedro Sánchez, que es nuestro empleado. Si sólo sienten envidia de cómo vive Amancio Ortega, Francisco Roig o cualquier otro, pregúntense ¿Quién ha hecho más por España? y ¿Quién se merece más?

Ustedes deben de elegir donde está mejor el dinero, en manos de los ciudadanos incluidos los que han tenido éxito en sus empresas y lo utilizan para seguir creciendo, creando riqueza y puestos de trabajo o, en manos de un gobierno despilfarrador que quiere el dinero para perpetuarse en el poder.