En particular, se ha hecho caso omiso a la reivindicación esencial del sector de la discapacidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad universal en los elementos comunes de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
Esta omisión perpetúa el que 100.000 personas con discapacidad y mayores, con problemas de movilidad, sigan estando presas en sus viviendas por carecer de condiciones de accesibilidad sus edificios (ascensores, elevadores, rampas, etc.) para el ingreso y salida de sus viviendas. El 70 por 100 de los inmuebles de España de propiedad horizontal son inaccesibles.
SA pesar de que varios grupos parlamentarios presentaron las enmiendas del CERMI en este sentido, durante la tramitación parlamentaria en el Congreso, la mayoría que sostiene al Gobierno no ha asumido estas peticiones, justas y apremiantes.
La falta de la consideración hacia la accesibilidad hace que el derecho a una vivienda digna y adecuada que proclama la Constitución se disuelva (para las personas con discapacidad y mayores) y quede vacío, sintiéndonos como movimiento social burlado. Por tanto, la valoración de esta Ley es negativa y como sector social hemos de manifestarnos muy críticos con la iniciativa normativa.