Su comparecencia en un plató televisivo de alcance nacional no dejó indiferente a los espectadores. Vestía un traje de camuflaje y estaba rodeado de una guardia pretoriana acorazada hasta los dientes. Una reminiscencia de lo acontecido en Ecuador a principios de enero. Chérizier no hizo alarde de cortesías diplomáticas. “Si Henry no abandona el cargo y sigue recibiendo el respaldo de la comunidad internacional”, avisó el ex policía nacido en 1976 en la localidad de Delmas, “será el responsable del peor genocidio de nuestra historia”.
A pesar de las reiteradas sanciones de la ONU, la anarquía y el desgobierno se ceban con Haití. Desde el pasado 25 de febrero la violencia se ha disparado en la capital. Bandas armadas irrumpieron en dos penales para liberar a miles de reclusos y han arrasado con las infraestructuras críticas como el aeropuerto y las comisarías. Todos los vuelos de entrada y de salida al país se cancelaron por razones de seguridad – las milicias ocuparon las pistas de aterrizaje y las terminales – impidiendo al primer ministro el regreso desde una cumbre en Kenia.
Henry se había desplazado hasta Nairobi para intentar acelerar el despliegue de un refuerzo internacional, y beneficiándose de su ausencia se impusieron el caos y la violencia. El mandatario ha encontrado cobijó en la cercana Puerto Rico. Mientras tanto cinco millones y medio de haitianos, aproximadamente la mitad de su población, necesitan ayuda humanitaria y el país se hunde asfixiado por una crisis política infinita.
De nada sirvió que las autoridades proclamaran el estado de excepción como antídoto a las barbaries perpetradas por el crimen organizado. El toque de queda nocturno y la militarización forzosa no servirán para rescatar a un territorio al borde del abismo. El responsable local de Médicos sin Fronteras, el galo Jean –Marc Biquet, reconoce a los medios informativos que “la sensación generalizada es la de una vorágine dantesca, aquí no hay control gubernamental de ningún tipo”. Le atemoriza la posibilidad de que “las fuerzas de seguridad dejen de enfrentarse a las organizaciones criminales al tratarse de una batalla perdida. El caos total es la única alternativa”.
La población local esperaba que con la entronización de Henry volviera la paz a la isla. Tanto la administración de Washington como la de Ottawa, en Canadá la comunidad haitiana es una de las más numerosas, intervinieron directamente para facilitar su investidura. El cruento asesinado del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó un punto de no retorno, y si bien el actual mandatario debía haber abandonado el cargo en febrero, se priorizó encontrar una alternativa con el beneplácito de la oposición hasta la celebración de nuevas elecciones.
Naciones Unidas tacha de “crítica” la situación en la isla. Alrededor de quince mil personas han huido de los barrios más expuestos de Puerto Príncipe y Volver Turk, alto representante para los derechos humanos de la organización internacional, advierte de que “el tiempo a disposición para intervenir sobre el terreno se está acabando”. Según datos del prestigioso think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), la violencia entre pandilleros ha ocasionado la muerte de mil doscientos personas y el herimiento de otras seiscientas desde principios de año. El número aproximativo de desplazados es de trecientos mil y “la infraestructura sanitaria está a punto de colapsar”, matiza el académico William O’Neill. La presencia capilar de las bandas hace inviable el abastecimiento de productos sanitarios y el cuidado a quienes son víctimas fortuitas de los tiroteos, y el control territorial de estas organizaciones mafiosas impide el regular funcionamiento de negocios y centros escolares.
Todas las miradas de la población autóctona se dirigen hacia una anhelada y necesaria intervención externa. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, calificó de “pesadilla” la realidad isleña en octubre de 2023 y pidió que se reforzaran las donaciones, lamentablemente insuficientes. Según datos de UNICEF, alrededor del 80% del presupuesto solicitado ha quedado estancado por razones burocráticas. Y quién paga las durísimas consecuencias es la población de la nación más pobre del hemisferio occidental, castigada por los desastres naturales y sumida en la anarquía gubernamental. El mencionado asesinato de Moïse fue la gota que colmó el vaso.
Desde 2016 no se celebran comicios locales y administrativos y la presidencia sigue vacante. A pesar de las reticencias mutuas y de los intereses de cada integrante, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una misión internacional capitaneada por Kenia de apoyo a las fuerzas del orden haitianas contra las pandillas. Pero los tribunales del país africano bloquearon similar disposición, razón por la que Henry viajó a Nairobi para intentar zanjar el enredo.
No se vislumbra ninguna solución política al horizonte, y la incertidumbre únicamente contribuye a que la coyuntura en Haití pueda empeorar. La policía keniana no brilla por sus métodos democráticos, tiene una reputación muy dudosa y numerosos cargos pendientes. Tampoco el historial de las intervenciones humanitarias en la isla es muy alentador. Las tropas amparadas por la ONU – misión Minustah – abandonaron Haití en 2017 envueltas en varios escándalos y acusadas de violaciones sexuales. Y el contingente americano que se desplazó al hilo del devastador terremoto de 2010, si bien valorado positivamente por los haitianos, generó debates sobre la dependencia humanitaria.
Asimismo, un sector mayoritario de la población considera a Henry un mandatario ilegítimo interesado en fortalecer la presencia extranjera. Sin embargo nunca la impunidad de las bandas armadas había alcanzado cotas similares, y tampoco ningún cabecilla se había atrevido a desafiar abiertamente el poder. Las desalentadoras palabras de Daniel Foote, ex enviado especial de la administración estadounidense, son lapidarias: “La situación en Haití es irrecuperable (…). Hemos pasado de las protestas contra el presidente a una revolución armada”.
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