“Y es, en gran parte, responsabilidad de la reforma fiscal inacabada, parcheada a base de medida anticrisis y decretos parciales. La energía del hogar es un bien de primera necesidad, no puede estar gravada en función de las fluctuaciones de los mercados, porque es un vaivén injusto para las familias. Y a esto se suma la amenaza de que el precio de los principales productos básicos de alimentación recupere su tasa de IVA el 1 de julio”, advierte Joaquín Pérez, secretario general de USO.
También en este sentido Pérez se muestra crítico con la medida de contención: “en esencia, es una medida cuyo fin compartimos. Sin embargo, nunca ha habido un control ni un Ministerio responsable de analizar si la rebaja del IVA era efectiva o se absorbía por otros lados. Lo cierto es que los alimentos han seguido subiendo, son más caros que antes del recorte impositivo. Y, de hecho, en 2024, son, junto con la restauración, en la cual repercuten, el principal motivo de subida del IVA. Los alimentos han subido un 31 % desde 2021 y un 4,4 % anual”.
Todo ello, con esa incertidumbre de si realmente se prorrogará la rebaja impositiva o encallará en el Congreso. “Algo que, por no ser progresivo, sería catastrófico para la inflación de julio y los bolsillos de las familias”, recuerda el secretario general de USO. Por eso, insta a todos los grupos “a acometer al fin la gran reforma fiscal que necesita este país. Sin colores ni ideologías, una fiscalidad para la ciudadanía, para el bienestar de las familias y para el sostenimiento de los servicios públicos”.
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