La exhumación de Franco, o mejor dicho, si profanación, fue la culminación de un proceso de revisión totalitaria del pasado, que comenzó con la llamada “Ley de Memoria Histórica” de Zapatero y que Sánchez convirtió en arma de poder. Todo lo que el PSOE toca, lo pervierte. Convirtieron la historia en una herramienta de manipulación, el Valle de los Caídos en un escenario de odio, y a los muertos en instrumentos de propaganda.
Lo más indignante fue la complicidad de la Iglesia Católica, que consintió el atropello. La misma Iglesia que fue salvada por Franco del exterminio durante la guerra civil —cuando los socialistas, comunistas y anarquistas asesinaron a más de seis mil sacerdotes y religiosas, quemaron templos y profanaron altares—, fue la que ahora permitió que se profanara la tumba de su protector. Ni la Conferencia Episcopal, ni el Vaticano hicieron nada por impedirlo. Silencio. Omisión. Cobardía. Y el silencio, cuando se comete una injusticia, es complicidad.
El Tribunal Constitucional, por su parte, se comportó como lo que es: un instrumento del poder político. Avaló la exhumación pese a los recursos presentados por la familia, pese a las irregularidades procesales y pese al sentido común. Un tribunal entonces presidido por magistrados nombrados por el Partido Popular y con miembros próximos al Opus Dei, demostró que en España la derecha no defiende nada: ni la justicia, ni la memoria, ni los principios. En su tibieza, en su miedo y en su afán de no molestar, el PP avaló de facto la profanación que después fingió lamentar.
Aquella escena, retransmitida como un espectáculo televisivo, fue la foto del nuevo régimen. Helicópteros, uniformes, propaganda, una bandera tapada para que no se viera el escudo nacional… y un Gobierno que se presentaba como “valiente” por levantar una tumba. No eran héroes de la democracia: eran sepultureros de la reconciliación nacional. El Valle de los Caídos, concebido como monumento a la paz entre los que lucharon en bandos opuestos, fue violado en su esencia. El mensaje fue claro: no quieren reconciliación, quieren revancha.
El PSOE, el partido más criminal de la historia de España, sigue ajustando cuentas con el pasado porque no soporta la existencia de una España que no le pertenece. Aquella exhumación fue su victoria simbólica: borrar de la historia a quien les derrotó, a quien impidió que el comunismo convirtiera España en una Checa. Franco no fue un dictador en el sentido que ellos pretenden; fue el hombre que salvó a España del caos, que reconstruyó el país, que trajo cuarenta años de estabilidad, y que entregó, con su muerte, una nación en paz, próspera y moderna.
La profanación del 24 de octubre fue también una advertencia. Si fueron capaces de violar una tumba, ¿qué no harán con las libertades, con la historia, con los símbolos o con la ley? Desde entonces, lo hemos visto: se censura, se persigue, se manipula, se falsifica. España vive hoy un proceso de ingeniería social donde se reescribe el pasado para justificar el presente y para preparar el futuro: un futuro sin identidad, sin memoria y sin verdad.
Lo que el PSOE hizo aquel día no fue exhumar un cadáver, fue matar por segunda vez la reconciliación nacional. El perdón que se construyó en los años 40 fue destruido por el odio sectario de quienes no soportan que haya españoles que piensen distinto, que crean en Dios o que defiendan la unidad de su patria. Fue un error monumental haber legalizado al PSOE y haberles permitido volver a la vida política. Aquella ingenuidad se ha pagado cara: hoy vuelven a gobernar con el mismo espíritu revanchista y frentista de 1936.
El 24 de octubre de 2019 marcó un antes y un después. Fue la profanación de la historia, de la justicia y de la verdad. Y mientras esa fecha se celebre en la izquierda como un triunfo, nosotros la recordaremos como lo que fue: una infamia nacional. Pero también como un aviso: España no se rinde. Podrán profanar tumbas, manipular libros y silenciar voces, pero no podrán borrar la memoria de quienes dieron su vida por esta patria.
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