El Ejecutivo plantea que el Estado aporte una base inicial de capital que, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), permita apalancar recursos privados y ofrecer préstamos, garantías e incluso inyecciones de capital a promotores que desarrollen vivienda en alquiler asequible. El objetivo es ampliar un parque público que actualmente representa el 3,4% del total y acercarlo a la media europea, en un contexto de fuerte tensión de precios y creciente dificultad de acceso para jóvenes y familias.
En este escenario, la empresa líder en búsqueda y contratación de hipotecas digital, Trioteca ha valorado el anuncio como “muy ambicioso” en términos de volumen financiero, aunque cuestiona su impacto real a corto plazo. “Movilizar 23.000 millones es muy ambicioso, todo lo que sea ayudar está muy bien”, señala Ricard Garriga, CEO y cofundador de la compañía. Sin embargo, advierte de que el principal reto no es solo financiero, sino de plazos y ejecución administrativa.
“Cada vez que cualquier Gobierno anuncia un plan para poner vivienda de protección oficial encima de la mesa, tanto de compra como de alquiler, la media actualmente está en torno a los siete años de ejecución. Nos plantaremos en 2033, donde tendríamos las primeras 15.000 viviendas, eso está muy bien, aunque el problema lo tenemos ahora en 2026”, explica el cofundador de la Asociación Española de Brókeres Hipotecarios (AEBH). Asimismo, Garriga recuerda que ese periodo incluye la disponibilidad de suelo, licencias, desarrollo de proyecto, construcción y entrega.
Déficit de más de 200.000 viviendas
El Gobierno ha defendido que la falta de financiación no puede ser un “cuello de botella” para la construcción de vivienda asequible y ha asegurado que el fondo tenderá una “alfombra roja” al inversor privado, siempre bajo la premisa de no especular con un derecho constitucional.
Según los cálculos que maneja el sector, en 2025 se terminaron en España alrededor de 140.000 viviendas, una cifra que no compensa la creación de nuevos hogares ni el déficit acumulado de años anteriores. Trioteca estima que el desajuste entre oferta y demanda supera ya las 200.000 viviendas, una brecha que está presionando los precios tanto en el mercado de compra como en el alquiler y que dificulta especialmente el acceso de jóvenes, familias monoparentales y hogares con menor capacidad de ahorro.
“Está muy bien para llenar titulares, pero realmente esto no ofrece ayuda a las familias que a día de hoy, en febrero de 2026, están buscando una vivienda”, afirma Garriga. Para el CEO de Trioteca, el debate no debe centrarse únicamente en la promoción de nueva vivienda, sino también en medidas fiscales que tengan efecto inmediato en el bolsillo del comprador.
“Lo más sencillo sería quitar el ITP, impuesto a la compra de viviendas que va del 4 al 10%. Evidentemente esto pasa por el Gobierno y después por las comunidades autónomas. Hasta que no hagan estas medidas, vemos que el resto solo llena titulares y no ataca el problema de raíz”, concluyen.
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