En Quebec, por ejemplo, una “corte virtual” ya resuelve numerosos pequeños litigios comerciales. Basta con conectarse, indicar los hechos y un algoritmo propone los desenlaces financieros más probables, ofreciendo así una solución extrajudicial y una indemnización. Aproximadamente el 68% de los expedientes se resuelven de este modo, en pocas semanas, lo que evita envíos por correo certificado y el recurso al juez de proximidad. Algunos estados de Estados Unidos también recurren a la sentencia basada en pruebas (“evidence based sentencing”), que se apoya en un algoritmo capaz de estimar la duración óptima de la pena que debe imponerse a un condenado, tratando de reducir al máximo la probabilidad de reincidencia.
En Francia, ya están en marcha varias experiencias para probar e integrar cada vez más la IA en el funcionamiento cotidiano de los órganos jurisdiccionales, sabiendo que el Ministerio de Justicia prevé una carta para un uso responsable de la IA. Ya existen aplicaciones concretas más o menos avanzadas, por ejemplo, un sistema de ocultación automática de datos sensibles en las decisiones judiciales, aunque la verificación humana sigue siendo indispensable, o herramientas de ayuda a la calificación penal. Otro ejemplo: la reorganización del tribunal de comercio de París moviliza la IA con la ambición de mejorar la gestión de los litigios y liberar tiempo para los jueces consulares, en particular mediante la asignación de los casos o la verificación de las órdenes de pago. Una última prueba de este entusiasmo se plasma en que el Ministerio de Justicia se ha dotado recientemente de una dirección estratégica dedicada a la inteligencia artificial.
En España, el Ministerio de Justicia está impulsando proyectos que aplican la IA y la automatización robótica de procesos (RPA) para agilizar tareas repetitivas dentro de los tribunales y la administración de justicia. Estas herramientas ayudan a automatizar gestiones manuales que antes consumían mucho tiempo, como la tramitación de expedientes o la organización de documentos procesales.
Un caso concreto reportado en estudios internacionales muestra que procesar las solicitudes de nacionalidad española mediante la automatización e IA consiguió acelerar el trámite hasta un 80% comparado con los métodos tradicionales, ahorrando millones de euros y miles de horas de trabajo administrativo.
A medida que estos sistemas se despliegan, surgen numerosas preguntas. Por ejemplo, la justicia se basa en gran medida en la confianza otorgada al sistema. La legitimidad conferida a la IA en materia de decisión judicial es, por lo tanto, crucial. Otro punto importante se basa en que uno de los roles esenciales del derecho penal es disuadir los comportamientos ilegales. Una multa por estacionamiento indebido, una pena de prisión por un delito grave: la idea es que una sanción conocida, proporcionada y previsible impida cruzar la línea roja, al menos para una parte importante de la población. Esto lleva a preguntarse si las sanciones dictadas por un algoritmo parecen más, o menos, disuasorias que las de un juez de carne y hueso.
Por qué la IA inspira temor… y a veces cierta fascinación
En cuanto a la legitimidad de la IA, sus defensores (como empresas de legal tech, reformadores dentro de las instituciones públicas o ciertos investigadores) presentan varios argumentos. A diferencia de un juez humano, susceptible de verse influido por el cansancio, el orden de los expedientes, sus valores o incluso la apariencia de un acusado, el algoritmo pretende ser imparcial. Su veredicto se basa en criterios predefinidos, sin estados de ánimo.
Esta imparcialidad aumenta la previsibilidad de las sanciones: un mismo acto conduce a una misma pena, lo que reduce las disparidades entre decisiones. Ahora bien, una sanción clara y esperada podría enviar una señal más fuerte a los ciudadanos y prevenir mejor las infracciones. Además, la IA promete una justicia más rápida al automatizar ciertas operaciones como la búsqueda documental, el análisis o la ayuda a la redacción: la rapidez de las sanciones que podría derivarse de ello es bien conocida por desempeñar un papel central en su eficacia disuasoria. Varios expertos reconocen que la IA permite acelerar la acción de la justicia.
Por último, si están diseñadas de manera transparente y sobre datos no sesgados, las decisiones automatizadas pueden reducir las discriminaciones que a veces afectan a las decisiones judiciales, como las relacionadas con la edad o el género. Por ejemplo, el investigador Daniel Chen de la Toulouse School of Economics explica que la IA podría permitir corregir los sesgos de los jueces humanos. Desde esta perspectiva, la IA es presentada por diversos actores (start-ups de legal tech, reformadores pro-IA, expertos) como capaz de reforzar el sentimiento de justicia y, por extensión, la fuerza disuasoria de las penas.
Cuando la sanción se vuelve demasiado “fría”
Pero la moneda tiene su reverso. La IA aprende esencialmente a partir de datos procedentes de sentencias humanas. Ahora bien, esos datos pueden estar sesgados. En lugar de corregir las injusticias del pasado, existe el riesgo de afianzarlas, y además dentro de un sistema aún más opaco y difícil de impugnar, típico de las armas de destrucción matemática (algoritmos opacos, a gran escala, que toman decisiones con un fuerte impacto en la vida de millones de personas, siendo injustos porque reproducen y amplifican las desigualdades sociales).
Y, sobre todo, la justicia no es solo un cálculo. Los jueces encarnan una autoridad moral. Su papel no se limita a aplicar la ley, sino a transmitir un mensaje a escala social: decir públicamente lo que es inaceptable, reconocer el sufrimiento de las víctimas, condenar un comportamiento en términos éticos. Esta dimensión simbólica es especialmente importante para los crímenes graves, donde no solo se espera la sanción, sino también la expresión colectiva de un rechazo moral. La IA no puede transmitir este mensaje. En estos casos, podría percibirse como menos legítima y, por lo tanto, menos disuasoria.
Además, los jueces disponen de cierto margen para individualizar las penas, es decir, para ajustarlas en función de elementos variados, a menudo cualitativos y subjetivos (personalidad del acusado, circunstancias y especificidades de la infracción), difíciles de formalizar e integrar en un sistema de decisión basado en la IA.
Delitos menores, actos criminales: la IA y los jueces a prueba
Un experimento que llevamos a cabo en Francia en 2023, con más de 200 participantes, trató de comprobar si la percepción de una misma sanción varía según provenga de un juez humano o de una IA. A partir de escenarios de infracciones y sanciones idénticas, los participantes fueron asignados aleatoriamente a un caso en el que la decisión había sido dictada por un juez humano o a otro en el que había sido dictada por una IA. En el caso trivial de una persona negligente que deja los excrementos de su perro en la acera, la misma sanción parecía más disuasoria si provenía… de una IA. Fácil de juzgar, esta infracción menor parece prestarse a un tratamiento algorítmico claro y rápido. Pero en el caso de un incendio provocado, la sanción impuesta por la IA no se consideró más disuasoria que la de un juez. Como si, frente a una falta grave, la autoridad moral de un magistrado siguiera siendo indispensable.
Por supuesto, nuestro estudio es una modelización simplificada de la realidad, en un marco depurado, que deja de lado numerosos parámetros. Por ejemplo, un infractor potencial no siempre conoce la sanción prevista en el momento en que contempla cometer el acto. No obstante, los estudios muestran que los individuos tienen una idea de lo que arriesgan al incurrir en ciertos comportamientos y que revisan sus creencias en función de sus propias experiencias o de las vividas por otros.
¿Hay que concluir que es mejor confiar los delitos menores a las máquinas y los crímenes graves a los humanos? No necesariamente. Sin embargo, el experimento revela un punto clave: no esperamos lo mismo de una sanción según la gravedad de la infracción.
Tal vez el futuro de la justicia no resida en un reemplazo, sino en una alianza, en la explotación inteligente de una complementariedad. Los jueces desempeñan una multitud de funciones que no podrían ser realizadas por un algoritmo. Representan, en particular, una figura de autoridad humana, garante de un principio de justicia democrática y atenta al bienestar de la sociedad, que va más allá de la simple represión para representar la voluntad general y garantizar el equilibrio social. Entre otras misiones, encarnan a la sociedad, interpretan las zonas grises y tienen la tarea de transmitir el mensaje moral de la sanción. La IA podría apoyarlos contribuyendo a reforzar la consideración automatizada de ciertos criterios considerados previamente pertinentes. Podría aumentar la rapidez en la toma de decisiones y asegurar una forma de coherencia en los fallos, evitando diferencias excesivas entre sanciones para una misma infracción.
Una cuestión de confianza
Detrás de esta revolución judicial hay una cuestión más amplia: ¿en quién confiamos? Si la opinión pública percibe el algoritmo como una caja negra que reproduce los sesgos con una frialdad implacable, es la autoridad de los sistemas jurídico y judicial la que corre el riesgo de tambalearse.
La justicia no es solo una cuestión de reglas, también es un escenario en el que la sociedad expresa sus valores. Mientras los algoritmos no puedan asumir este papel simbólico, sus sentencias no podrán sustituir a las pronunciadas por los jueces. Pero si se diseñan con transparencia, rigor y control humano, estos algoritmos podrían hacer que la justicia sea más previsible y, potencialmente, más disuasoria. Siempre que no se olvide nunca que al final de una línea de código no se juzga un dato abstracto, sino a un ser humano muy real.
Gilles Grolleau, Profesor de Economía de ESSCA School of Management
Murat Mungan, Profesor de Derecho y de Economía, director del Programa de Derecho y Economía, Universidad Texas A&M
Naoufel Mzoughi, Investigador en Economía en INRAE
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