Y hete aquí que hemos conocido recientemente, como botón de muestra, que casi 7 de cada 10 detenidos por violación en el País Vasco el pasado año son extranjeros, según un informe oficial de la Ertzaintza; cuando a todas luces salta a la vista que en un territorio español en el que (con ETA y el nacionalismo excluyente presente hasta se practicó la limpieza étnica), el porcentaje de foráneos residiendo hoy en esa región es infinitamente menor, en concreto apenas el 10% del total.
Por más buenismo y papanatismo que se predique desde las elites esencialmente de la izquierda, por más que se intente cretinizar a la sociedad en su conjunto, cuando hay una institución pública que en España, en los últimos años, se ve obligada a difundir información detallada sobre diversas tipologías delictivas, entre ellas homicidio, hurto, agresiones sexuales, delitos con armas blancas y violencia doméstica, con desglose por origen de las personas investigadas y detenidas, el retrato robot es el que es. Se ponga quien se ponga patas arriba o patas abajo. Le guste o le disguste. Le sirva o le estropee sus planes, con frecuencia pivotando éstos sobre la mentira y, complementariamente, apoyados en intereses inconfesables o directamente bastardos.
En el caso vasco, ahí están los guarismos: de los referidos arrestados, un total de 3.223 son originarios de países africanos, 1.603 de América y 676 de Europa. Sobran las palabras. Pero falta acción, porque aquí no nos encontramos ante la discriminación o ante atribuciones generalizadas e injustas, sino ante el puro rigor y, ¡ojo!, ante la obligación de proteger a las víctimas de estas malas bestias.
Ya está bien de evasivas. España, precisamente aunque sólo fuera por su responsabilidad en la protección de las violadas, no puede seguir mirando a otro lado. Hay momentos en los que una sociedad se define por su capacidad de enfrentarse a sus más graves problemas sociales, y en esa prueba se está fallando clamorosamente.
Las agresiones sexuales no solo no disminuyen: aumentan. Año tras año. Las cifras oficiales están ahí, al alcance de cualquiera que quiera consultarlas sin filtros ideológicos. Y, sin embargo, el debate público sigue atrapado en una mezcla de corrección política, cálculo electoral y miedo a incomodar. Se habla mucho (también son demasiadas las fruslerías que se dicen y escuchan). Se afronta, en cambio, poco.
La política (casi descontando a un único partido) ha optado por una estrategia tan facilona como irresponsable: convertir un drama para miles de mujeres en un campo de batalla simbólico, sesgado, sectario... en el que cobran protagonismo campañas de concienciación que no atajan la raíz o reformas legales absurdas y extremadamente dañinas como la del ‘sólo sí es sí’, a la altura de sus creadoras, auténticos patanes.
Es grave la ineficacia. Pero lo es más la falta de honestidad y coraje, la pura cobardía. Cuando los datos apuntan a patrones anti-woke -que son los que son-, el sistema no puede pudrirse con respuestas que se quedan en meras simplezas para salir del paso.
¿Encontrará algún día cercano Vox el apoyo, al menos del Partido Popular, para que dejen de esconderse o relativizarse o se deje por fin de pasar de puntillas sobra las medidas que caben conforme a Derecho contra los violadores extranjeros que campan, casi sin freno, a sus anchas? Cada decisión tomada pensando en titulares o cálculos partidistas tiene un coste, y lo pagan las víctimas. ¿Hasta cuándo? ¿Quién piensa seguir protegiendo sus absurdos discursos para mantener desprotegidas a las personas?
Si (
No(
