No. No se trata de una ‘movilidad puntual’ ni de experiencias en el extranjero, más o menos habituales en tantos puntos de España. Hablamos de una tendencia sostenida, acentuada y agravada durante esta última década: miles de jóvenes —muchos de ellos formados— que no encuentran en su tierra ni salarios dignos, ni estabilidad, ni expectativas. Y que, sencillamente, se van. ¿Pasa en otras partes de la geografía patria? Sin duda.
Pero el contraste es especialmente llamativo cuando se pone sobre la mesa la regularización masiva prevista/ejecutada a cámara lenta por el Gobierno, de aquí a las próximas generales, que es el quid de la cuestión. Entre 20.000 y 30.000 personas pasarán a formar parte oficial de la población almeriense en cuestión de meses, en lo que significa un cambio estadístico con profundas, radicales implicaciones políticas, sociales... y demoscópicas.
El problema no es la inmigración en sí: es la ausencia de una estrategia seria, más allá de la puramente electoralista e irresponsable que implementan por las buenas o por las malas Sánchez y su maligna tropa. Mientras una parte creciente de la población autóctona abandona la provincia por falta de oportunidades (es literalmente expulsada), la administración se limita a gestionar cifras en lugar de afrontar las causas del desequilibrio… y del desastre.
¿Qué modelo económico se está construyendo cuando una provincia expulsa talento y retiene precariedad? ¿Qué futuro puede sostenerse si el crecimiento demográfico no va acompañado de auténtica cohesión social, empleo de calidad y servicios públicos dimensionados, absolutamente desbordados hoy dada la atención masiva, desproporcionada de inmigrantes irregulares?
Almería lleva años funcionando como un laboratorio silencioso, y terminará por estallar. Un territorio donde convergen agricultura intensiva, presión migratoria… y abandono institucional. A esto se suma un elemento especialmente preocupante: la inseguridad vinculada a redes delictivas que operan a diario en torno a esa inmigración irregular. La reciente desarticulación de una organización dedicada a abastecer embarcaciones ilegales (con combustible, logística e incluso armas) no es una anécdota: es la prueba palpable de que existe una infraestructura criminal consolidada que se aprovecha de la falta de control y de la desesperación de quienes cruzan el mar.
Es simplemente penoso, falto de seso, el discurso oficial autocomplaciente, no sólo extendido en la izquierda y la extrema izquierda, que habla sin más de diversidad, de crecimiento, de integración… sin entrar en el fondo del asunto y en la desconexión brutal, abismal, entre la realidad que viven y sufren los ciudadanos y ese relato político acomodaticio.
A Almería le ha tocado funcionar como banco de pruebas de los estragos del sanchismo, y sus aviesos planes. Un territorio que abandona y pierde a los suyos, dejándolos a su completa suerte, mientras presume de crecer, camina hacia el precipicio. Y nadie debería dudar de que a un personaje como Sánchez, siempre que pueda garantizar su reválida en La Moncloa colmando sus indisimuladas aspiraciones y obsesiones, le importa un pimiento quiénes y cuántos puedan desprenderse… y estrellarse al fondo del acantilado.