Uno lo forman políticos que quieren elevar el bien común de lo que llaman vascos o gallegos o catalanes, sin saber muy bien qué significa eso democráticamente, sí racistamente. Para esos políticos el mejor bien común de sus administrados pasa por separarse de España, de cualquier manera, terrorista, golpista, chantajista, etc… E incluso en los casos vasco y catalán pasa por una expansión imperialista del territorio ( al norte de nuestro Estado, Navarra, Países catalanes…). Es evidente que esa actitud es directamente contraria y destructiva de nuestra supuesta democracia española y del bien común de los españoles.
El otro tipo lo conforman los máximos gobernantes regionales que honradamente pretenden mejorar el bien común de sus administrados. Podríamos citar tanto a la señora Díaz Ayuso, al señor García Page, al señor Moreno Bonilla. Lo que sucede es que para obtener esa mejora regional, con las transferencias delirantes transferidas, no dudan en rivalizar aprovechando sus ventajas de partida (más y mejores infraestructuras, mayor renta per capita, situación geográfica, nivel de industrialización, etc…) para mejorar su región a costa de la del vecino. Ejemplos son la vergonzosa respuesta insolidaria frente a la crisis de la COVID o la propia política tributaria de la región madrileña. No hay mala intención, pero la dinámica y las instituciones llevan a trabajar para el bien común local mermando el bien común global. Definitivamente hemos llegado a un punto en el que el bien común ha desaparecido, pero además, las estructuras creadas hacen imposible trabajar para él.
¿Y ahora qué? La recuperación del concepto de ciudadanía española como depositaria de la soberanía y conformadora de una polis de libres, iguales y solidarios exige tal terremoto político (cambios constitucionales, ley electoral, recuperación del español como koiné, educación, recuperación de impuestos y competencias por parte del Estado para poder hacer política redistributiva, etc…, etc… etc…) que sólo lo podría asegurar un gobierno de salvación nacional. Es decir, las próximas y tan ansiadas elecciones generales ni van a atacar los problemas de fondo y existenciales, ni podrían hacerlo. Miren los programas electorales. Lo desolador es que ningún Partido es capaz de hacer el análisis honesto de la situación y proponer, al menos la dirección a seguir y alguna medida, una sola, en la buena dirección. La ley electoral, por ejemplo.
Pero, esa propuesta, he de admitirlo, tiene algo de debilidad intelectual. Se basa en un prejuicio previo de este autor, que, honradamente, no se puede convertir en axioma. La pregunta es: ¿recuperar la noción de bien común como mejora de la libertad, igualdad y solidaridad de ciudadanos españoles, y no de territorios inventados, es realmente el deseo de una gran mayoría de derechohabientes de un DNI español? El camino, sin duda, necesitaría de momentos tensos y sacrificios a corto. ¿Una mayoría de españoles estarían dispuestos a seguir esa senda por el porvenir de hijos o descendientes? ¿Incluso están convencidos de que la pervivencia de España como nación de ciudadanos es lo mejor? Y, si nos ponemos estupendos, ¿A cuántos le importa realmente la unidad de España?
Porque esa es la base indispensable para que exista un bien común español. No sé la respuesta a esas preguntas, pero sí sé que sólo se pueden contestar una vez que se hayan explicado bien los pros y los contras de las alternativas. Mientras estemos jugando a que España es en este momento una nación unida e integrada con todos implicados en un proyecto común seguiremos hacia el abismo traumático haciéndonos trampas en el solitario.
Si (
No(
