De la revisión legítima a la conspiración
En algunos casos, el true crime puede modificar la percepción social de un proceso ya juzgado y provocar, como ya ha sucedido en muchas situaciones, que grupos de seguidores investiguen en TikTok y otras redes sociales las dudas, los indicios y las posibles contradicciones. "Puede alimentar relecturas conspirativas sin prueba nueva, simplemente porque la sola duda genera audiencia, y esto es beneficioso para el documental, el pódcast o el libro, pero la línea divisoria vuelve a ser el método", explica Balcells. Según el experto, cuando hay una investigación rigurosa, documentación contrastada y hechos novedosos, cuestionar una sentencia puede ser una forma legítima de periodismo. En cambio, cuando solo hay insinuaciones, especulaciones o un montaje dirigido a sembrar dudas, se genera ruido, se daña a las víctimas y se erosiona la confianza en la justicia.
Dentro de este ámbito ha surgido el denominado New True Crime, que aborda precisamente el Curso online de true crime: entre la criminología y la ficción de la UOC. Este enfoque se centra en casos gestionados de manera deficiente por el sistema de justicia penal, ya sea por la actuación de la policía, los juzgados, las prisiones u otros organismos. "El New True Crime contribuye a destapar errores judiciales y condenas injustas que han permitido exonerar a personas injustamente condenadas, y esto no deja de ser un servicio público por parte del true crime", apunta Balcells.
Mercantilizar el dolor
En España, a finales de 2023 se generó un intenso debate social y jurídico cuando se supo que algunas editoriales y productoras habían tanteado a José Bretón para valorar la viabilidad de adaptar en un libro su testimonio sobre el asesinato de sus hijos. "El condenado tiene derecho a explicar públicamente su versión de los hechos. La pena nunca puede afectar al derecho a la libertad de expresión y tampoco está obligado a 'asumir' la 'verdad procesal' de una sentencia", detalla Oriol Martínez, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y experto en criminología y derecho penal.
Finalmente, una editorial estuvo a punto de comercializar El odio, un libro ya editado e impreso que recogía su testimonio. Sin embargo, a pesar de contar con el aval de los tribunales para su publicación, el sello dio marcha atrás de forma definitiva y canceló el contrato ante la masiva repulsa social, la petición de amparo de la madre de las víctimas y la negativa de numerosas librerías a ponerlo a la venta. "En España, un condenado no puede lucrarse libremente contando su caso. Aunque legalmente puede conceder entrevistas, los tribunales pueden embargar los pagos o derechos de imagen para cubrir las indemnizaciones civiles adeudadas a las víctimas", señala Neira.
Sí pueden hacerlo, en cambio, sus familiares, como sucedió en el caso de Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, que participó en una serie documental para costear los elevados gastos legales y el juicio de su hijo en Tailandia. En Estados Unidos, por ejemplo, existen las conocidas como leyes Son of Sam, creadas para impedir que los delincuentes obtengan beneficios económicos de la explotación mediática de sus delitos y para facilitar que esos recursos puedan destinarse a compensar a las víctimas.
¿Dónde se sitúa, entonces, la frontera entre la libertad de expresión y el daño que su relato puede provocar a las víctimas? "El límite es el mismo que en los demás casos: explicar su versión de los hechos nunca puede comportar injurias —insultar a la víctima o a sus familiares— ni calumnias —imputarles delitos inexistentes—", puntualiza Martínez.
En 2024, la madre del Pescaíto hizo una rueda de prensa, entre lágrimas, pidiendo a medios y productoras que no explotasen la muerte de su hijo para hacer un true crime. El derecho al honor y la intimidad son derechos cuya protección depende, por regla general, de que las personas afectadas promuevan la actuación judicial mediante una denuncia o una querella.
¿Pero qué ocurre si la víctima ha muerto? En ese caso, pueden actuar sus familiares como personas afectadas indirectas. "Quién está en mejor posición para entender que se ha vulnerado su honor o su intimidad es precisamente el titular de estos derechos o, en su ausencia, sus familiares. Después deberá determinarse si esa percepción subjetiva es válida desde un punto de vista objetivo", señala.
Regulación para proteger a las víctimas
En esta línea, el Gobierno español busca reforzar la protección del derecho al honor y a la intimidad de las víctimas y de sus familiares con una nueva reforma legal sobre el true crime. Según el planteamiento presentado hace algunas semanas, la justicia podría detener cautelarmente la publicación de docuseries, libros o pódcast cuando se considere que vulneran sus derechos o reabren su dolor sin consentimiento. "La reforma protegerá ambas ópticas. En casos de true crime o de productos comerciales de estas características, el beneficio de la norma no será siempre —o únicamente— económico, sino también reputacional y mediático", sostiene Martínez.
Sin embargo, la reforma también podría limitar determinados trabajos periodísticos o documentales sobre crímenes reales, lo que se conoce como el "efecto desalentador": . "Si se establece un límite formal y muy cerrado a la libertad de expresión, puede desmotivar a los periodistas a publicar sus documentales o investigaciones por miedo a extralimitarse", advierte el experto en derecho penal.
En esta línea, Balcells añade: "Una cosa es proteger a las víctimas de la revictimización, que es hipernecesario y una demanda legítima, pero se debe calibrar la parte que penaliza que el victimario obtenga una proyección personal. Si se interpreta de una manera amplia, podría silenciar relatos valiosos del género, que muestran responsabilización y rehabilitación".
Distinguir entre buen y mal true crime
Un true crime ético no debería depender únicamente de quién toma la palabra, sino de cómo se construye el relato y tener en cuenta algunos elementos: "El consentimiento de las familias, la distinción clara entre hechos probados, la verdad judicial y sospechas, y la presencia de todas las voces pueden dignificar el resultado", advierte Neira, experta en comunicación e investigadora del grupo GAME.
Los criterios deontológicos también varían en función del entorno en el que se produce y distribuye el contenido. "Los medios públicos y las cadenas de televisión suelen aplicar criterios deontológicos más estrictos. En las plataformas de streaming, en cambio, a menudo pesan más la captación de audiencia y la retención del espectador", explica Neira.
La incorporación de la voz del criminal abre, por tanto, un debate que no depende únicamente de su presencia, sino del tratamiento que recibe dentro del relato. "Un true crime riguroso explica por qué pasan los crímenes, qué podemos aprender y qué dice de nosotros como sociedad, siempre aceptando que las personas pueden cambiar. Un true crime explotador solo pregunta cómo se mató", concluye Balcells.