La liquidación de Banco Madrid debe hacerse sin perjudicar a inocentes

A requerimiento del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid que había recibido la declaración de concurso de Banco Madrid, el FROB respondió el pasado 20 de marzo de 2015 que no se apreciaba la concurrencia de ninguna circunstancia que permitiera proponer la apertura de un proceso de restructuración previsto en la Ley 9/2012. Así mismo, la Comisión Ejecutiva del Banco de España decidía proceder a la apertura del proceso para la resolución ordenada de Banco Madrid, S.A.U.

Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidía el pasado 16 de marzo suspender temporalmente los reembolsos de los fondos de inversiones y sicavs gestionadas directamente por el Banco Madrid. Esta medida se prolongará, según la propia entidad, el tiempo imprescindible para garantizar los derechos de los inversores de estos productos y su igualdad de trato. Efectivamente, para facilitar el proceso el 31 de marzo, la CNMV decidía designar provisionalmente a CECABANK S.A. como entidad despositaria de los títulos y fondos de Banco Madrid y a Renta 4 Gestoría como entidad gestora de los fondos. Esto posibilitaría rescatar el dinero de los fondos a partir del mes de mayo.

En consecuencia, hasta la fecha y en la medida de los datos que constan públicamente, puede afirmarse que las actuaciones llevadas a cabo por los organismos de supervisión y control del sistema financiero español han sido correctas y proporcionadas. Se ha puesto también en marcha el mecanismo del Fondo de Garantía de Depósitos para indemnizar hasta 100.000 euros a sus titulares. Las sumas en exceso por titular serán abonadas en función del resultado definitivo del Concurso de Acredores.

Pero hay un elemento importante en que la gestión de las autoridades de supervisión y control tiene que ser exquisita no sólo por la aplicación de la normativa vigente sino también por razones de seguridad jurídica y respeto a los derechos de los consumidores. Resulta un principio básico del funcionamiento de los fondos de inversiones y de pensiones que su patrimonio sea totalmente independiente del patrimonio de las entidades de gestión de inversión colectiva y de las entidades depositarias. Hay 15.000 participes en 21 fondos de inversión con un patrimonio de 900 millones que no deben ser rehenes ni víctimas de un proceso concursal que no les debe afectar en absoluto. Adicionalmente, Banco Madrid también tenía depositados planes de pensiones por valor de 40 millones de euros que estarían en el mismo plano jurídico que el anteriormente señalado.

Resultan tranquilizadoras en este sentido las manifestaciones públicas realizadas por la Presidenta de la CNMV, Elvira Rodriguez el pasado 31 de marzo en el Círculo Financiero de La Caixa, subrayando que los fondos de inversión gestionados por las entidades de Banco Madrid son un “patrimonio separado” al del Banco Madrid por lo que no deberían deteriorarse por la pérdida de reputación sufrida por el propio Banco Madrid.

Por tanto, la ley y la postura de la CNMV deben trasladar un mensaje de tranquilidad a entidades serias y rigurosas como Liberbank, BMN –Banco Mare Nostrum- o PSN –Previsión Sanitaria Nacional- que han llegado a acuerdos con una entidad totalmente legal, ubicada en el Paseo de la Castellana, 2 muy cerca de la sede del Banco de España y que llevaba muchos meses de una potente campaña de publicidad. Ni estas entidades ni sus clientes pueden ser paganos de una crisis que tiene su naturaleza en actividades presuntamente delictivas de los altos responsables del grupo financiero al que pertenecía Banco Madrid y que han sido detectadas y perseguidas por impulso de las autoridades norteamericanas con el apoyo de los organismos competentes de España.

Desde Ausbanc celebran que se combata el crimen organizado y los crímenes de naturaleza financiera y más con el apoyo y coordinación de todos los Estados. Pero también manifiestan su firme apoyo a la legalidad y la seguridad jurídica de los consumidores financieros que no pueden ver mermados sus derechos y el valor de sus activos financieros cuando actúan dentro de la ley y contratando con empresas serias y legales.