La hora de la verdad

La actividad intensa y creciente del terrorismo de ETA fue posiblemente en gran medida la causa de la inestabilidad del gobierno Suárez, del golpe de Estado y de todo el periodo posterior de guerra sucia no declarada contra ETA. La verdad fue quedando de lado en nombre de lo políticamente correcto y las sombras se trasladaron al campo de la financiación de los partidos políticos, dando lugar a actuaciones que de vez en cuando salían a la luz y que se asumían como naturales, como parece fue el caso de la aprobación de planes urbanísticos, licencias de construcción o de la creación y supervisión de instituciones bancarias.

Hoy en día, España está empezando una nueva etapa pero sigue lastrada por los importantes y numerosos casos de corrupción que se están viendo en los juzgados. Es muy probable que tras ellos haya habido recompensas económicas personales directas o indirectas pues los que gestionaban esas actuaciones ilegales querrían cubrirse las espaldas. Sin embargo también parece seguro que se desviaron muchos fondos para atender la financiciacion de la maquinaria de los partidos e instituciones sociales así como para lograr ventajas políticas y captar votos.

Si hoy se quiere cambiar hay que asumir la verdad, lo cual es difícil porque se teme que ello no pueda gustar al electorado. Por otra parte no cabe esperar que la verdad la cuente un concejal de un pequeño pueblo. Son los líderes de los partidos quienes tienen que abordarla. Cierto es que los hechos tienen muchas interpretaciones y surgen de una plural concatenación de circunstancias pero hay que enfrentarse a ellos.

Seguir ignorando la verdad será cerrar en falso la profunda herida de la desconfianza en la política. La hora de la verdad ha llegado y hay que enfrentarse a ella, como mínimo, en los dos planos más frontales: la economía y la política.

La situación económica española es delicada y confusa. La tasa de paro es del 22%, afectando en especial a los menores de 25 años en los cuales el paro alcanza al 49%; la deuda pública es de 1.034.000 millones, lo que representa un 97,7% del PIB; el déficit público es de 61.400 millones, un 5,8% del PIB. Frente a ese duro panorama macro económico negativo, existen claros brotes verde que deberían alegrarnos a todos: una evolución positiva en la creación de empleo neto y un crecimiento económico que, a finales de 2015, se prevé pueda estar cercano al 4%.

Sin embargo, el panorama político se presenta más inquietante. Los dos grandes partidos han perdido a muchos votantes ante su testaruda actitud de mirar para otro lado en los casos de corrupción que les afectan, lo que les ha enfrentado al ciudadano que, con sentido común, interpreta las informaciones y concluye “me parece que no nos están diciendo la verdad”. Otros partidos, sindicatos e instituciones también parecen manchados por sus respectivos casos de corrupción, que ninguno reconoce.

Todo esto crea desafección en la ciudadanía que busca opciones nuevas, como se ha visto en las últimas elecciones y como parece seguirá ocurriendo en las próximas elecciones generales.

No obstante, no cabe achacar toda la caída de los partidos tradicionales al efecto de los casos de corrupción. Una parte importante procede también de la movilización de ambiguas líneas revolucionarias basadas en eslóganes y no en programas concretos.

El gran problema que puede ocurrir tras las próximas elecciones generales es que se produzca, por un lado, una gran inestabilidad en el Gobierno resultante por ser el resultado de coalición de muchos partidos y por otro una tendencia a expandir el gasto público, con efectos muy negativos para el déficit público y subsiguientemente en la deuda pública. No olvidemos que los Presupuestos Generales para 2015 prevén que por el servicio de la deuda (amortizaciones e intereses) haya un gasto de 127.488 millones de euros, lo cual es casi tanto como lo que está previsto pagar por pensiones, 131.658 millones de euros.

Llega por tanto el momento en que la verdad es imprescindible, la verdad económica y la verdad política.

La verdad económica, para explicar que no hay milagros posibles, que hay que efectuar el gasto social que sea necesario para paliar situaciones angustiosas pero, también, para señalar que hay que arrimar el hombro y que es imprescindible fomentar la empresa privada, ya que es el sector privado donde se sitúa el 80-85% del total del empleo, tasa similar a la mayoría de los países europeos. Conviene recordar que de las 3.130.000 empresas que hay en España, 3.000.000 tienen menos de 9 trabajadores. Asimismo conviene recordar que el 30% del empleo en España, proviene de empresas de menos de 9 trabajadores. Por tanto, hora es de dejar de demonizar al sector privado que es absolutamente imprescindible para generar empleo y riqueza.

El hecho de que las relaciones laborales al igual que todas las relaciones humanas puedan dar lugar a conflicto y abusos, no debe llevar, en el siglo XXI y en un país europeo como España, a descalificar al capitalismo. Hay que dejar de lado el tópico de asociar este término al bando malo de la historia y, sobre todo, recordar y asumir, de una vez por todas, que capitalismo no es otra cosa que aceptar que exista propiedad privada de los medios de producción, es decir del local, de la patente, del equipamiento, del taxi, del camión de transporte, etc. El antiguo dogma marxista que afirmaba que lo que hace malo al hombre es la propiedad privada de los medios de producción, debería ser rechazado hoy tanto como la Inquisición, la dictadura nazi o la dictadura comunista. Es un slogan que fomenta el enfrentamiento y la descalificación y que aporta muy poco al progreso humano.

Respecto a la opción por el empleo público conviene recordar que la eficiente gestión de las organizaciones no suele ser un logro frecuente en el sector público. Baste recordar cómo los sucesivos Gobiernos de la democracia optaron por ir desmontando y privatizando el conjunto de empresas públicas del franquismo que se habían agrupado en el Instituto Nacional de Industria (INI). Por tanto, el empleo público que sea necesario para el ejercicio de las funciones públicas y para otras funciones sólo aquel del cual se pueda garantizar su productividad y la racionalidad del coste.

El problema fundamental del empleo público no radica en que los funcionarios y empleados públicos no quieran trabajar y dediquen su tiempo al cafelito. Eso es una falacia y una caricatura que puede darse pero que no se corresponde con la realidad generalizada. La causa de la ineficiencia no es, salvo escasas excepciones, la actitud del empleado público sino una cultura administrativa basada en muchos casos en no crear conflictos y en el mero respeto a las formas, que no suele estimular, con honrosas excepciones, las aportaciones del talento de los empleados para mejorar y hacer más productivas las instituciones. Por tanto, sólo más empleo público donde haya quedado demostrado a priori que se gestiona adecuadamente cosas. En muchos otros ámbitos contratar con empresas de servicios, como ya se hace con la limpieza, la seguridad, el mantenimiento, las obras, etc. es probablemente una solución más eficiente que, de todas formas, debe también ser supervisada y evaluada por los gestores públicos de los que dependa.

En cuanto a la verdad política hay que señalar que es prioritaria pues detrás de esa falta de verdad, de ese mirar para otro lado, de ese politiquear, se derivan muchas trabas innecesarias para la creación de empresas, muchas normas confusas, difíciles de entender, que muchas veces dejan viva la preocupación de si las habremos interpretado correctamente o si nos pueden imponer una sanción.

La verdad política debe empezar por donde más duele, por reconocer las propias actuaciones en las que el dinero público se ha desviado para mantener un clientelismo político, o para financiar la vida del partido o de la institución social de que se trate. Nadie parece que quiera dar el primer paso, que obviamente es difícil pero quienes no los den, y sigan en partidos que no hayan reconocido los errores, estarán siempre expuestos a que les digan “y tú, ¿no viste nada? ¿Tampoco te surgió la duda? ¿No te dabas cuenta de nada? Entonces ¿cómo quiere que votemos si corremos el riesgo de que sigas sin darte cuenta de lo que pase?

La ley de Transparencia, con sus limitaciones, va ser un arma eficacísima para que aparezca la verdad. Basta con que se hagan las preguntas inteligentes adecuadas y se publiquen las respuestas.

Tenemos que empezar una nueva etapa en nuestra democracia. El “Yes, we can” no debería quedar en un mero eslogan pero para utilizar el poder, lo primero es saber para qué, hacia dónde. Decir la verdad sobre qué sociedad queremos y explicar a los ciudadanos qué camino proponemos va a ser fundamental en esta nueva etapa.

Para ello hay que partir de bases muy sólidas. Son imprescindibles la verdad económica y la verdad política. El poeta decía “lo bueno no es llegar sólo ni pronto, sino con todos y a tiempo” Suena bonito pero no se puede esperar a que todos se pongan de acuerdo. Los líderes que quieran serlo deben estar dispuestos a iniciar el camino aunque sea en soledad. Eso requiere perseverancia y humildad porque el camino no va ser fácil ni corto pero empezarlo es la única manera de alcanzar la meta. No seamos pesimistas. La humanidad ha avanzado, en general, mucho en el último siglo y a cada generación nos toca aportar nuestra parte hacia un mundo mejor, mucho mejor. Otro mundo es posible.