Una semana después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas decretase la libertad bajo fianza de la familia Kokorev, las defensas del empresario hispano-ruso Vladimir (hoy gravemente enfermo), su esposa Julia y su joven hijo Igor subrayan las dificultades -cuando no la imposibilidad- para hacer frente al total de la cantidad impuesta (6 millones de euros, dos para cada uno). En este sentido, apuntan que a pesar de que la decisión que abre la puerta a la libertad a los supuestos testaferros de Teodoro Obiang en España es muy positiva, la exigencia es “desmesurada” e incluso, aunque la familia dispone de varias propiedades intervenidas, no es seguro “que se alcance para ello, dado que la fianza impuesta es excesiva”.
La ponente de la AP, Pilar Parejo Pablos, señala que “la cuantía tiene que ser lo suficientemente importante para que cumpla el fin que se persigue con ella, y fijar una cuantía inferior en este caso no cumpliría esta finalidad”, y abunda en el hecho de que los Kokorev (durante más de veinte años afincados en Madrid y Las Palmas) “han manejado importantísimas cantidades de dinero”.
En el entorno de la familia, según ha sabido El Mundo Financiero, se acata, como no podía ser de otra manera, que “la fianza sirva para el aseguramiento de la presencia del investigado durante todo el proceso”, con el que los Kokorev han colaborado, a pesar de que una década después no hay auto de procesamiento ni imputaciones concretas; a pesar de que hay evidencias de informes de la UDYCO con claras trazas de manipulación; o a pesar de que el principal testigo (convertido en prueba de cargo), el panameño Ismael Gerli, ha aportado a la causa algunos documentos bajo la sospecha de ser falsificados, como ha quedado acreditado en otros casos en los que este abogado ha sido investigado por graves delitos fuera de España.
En ese mismo entorno se subraya, por añadidura y con especial énfasis, “el agravio comparativo” en relación a las fianzas que la justicia española impone en casos de graves delitos económicos bajo investigación de cantidades “superiores o muy superiores” a las que -en el caso Kokorev- según la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río están sin acreditar: el origen de algo más de 20 millones de euros.
En efecto, hace apenas unas semanas, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dejaba en libertad bajo fianza de 100.000 euros al que fuera dueño de la cadena Vitaldent, Ernesto Colman, tras permanecer 15 meses en prisión preventiva por un presunto fraude que, anualmente, alcanzaba los 17,2 millones de euros a través de “un complejo sistema defraudatorio”. Los delitos serían contra la Hacienda Pública “agravado por razón de cuantía defraudada y la utilización de personas interpuestas”, falsedad documental, delito continuado de blanqueo de capitales “perpetrado en el seno de una organización delictiva”, delito contable y otro de participación en organización criminal.
Hace exactamente un año, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordaba la puesta en libertad de Mario Conde, tras ingresar su defensa los 300.000 euros impuestos en la cuenta de consignaciones del juzgado. El juez Santiago Pedraz fijó la fianza para el ex banquero en este listón tras investigarle por blanquear 13 millones de euros que tenía en el extranjero.
A inicios de 2015 era Luis Bárcenas el que abandonaba la prisión de Soto del Real una vez que sus familiares depositaban la fianza exigida por la Audiencia Nacional, en ese caso de 200.000 euros (1/30 de la imposición a la familia Kokorev), lo que permitía al ex tesorero del PP quedar libre tras 19 meses de encarcelamiento provisional por sus presuntos delitos en el caso Gürtel que le ayudaron a amasar en hasta ocho cuentas corrientes suizas unos 47 millones de euros (el doble de los ingresos atribuidos a la ‘compañía Kalunga’ administrada por Vladimir Kokorev). Antes, el número 2 de la trama, Pablo Crespo había conseguido su excarcelación previo ingreso de 100.000 euros.
En fechas recientes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ponía en libertad a Miguel Blesa, ex presidente de Cajamadrid, con una causa abierta en los juzgados de Madrid por blanqueo de capitales en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. La magistrada Teresa Palacios señalaba que “no existe en Blesa riesgo de sustracción a la acción de la justicia, tiene todos los bienes embargados, por lo que tendría dificultades para pagar la fianza de hasta 100.000 euros que pedía el fiscal para eludir la cárcel”. A eso añadía que en el caso de Blesa hay un “inequívoco arraigo” en España en “su condición de español, viviendo siempre en este país, careciendo de antecedentes penales, casado y con nietos, próximo a la edad de 70 años y jubilado desde el año 2014”.
Durante los casi 22 meses en la prisión canaria de Juan Grande, Vladimir y Julia (sin un solo antecedente penal) se han perdido el nacimiento de su nieto. Se trata del hijo de Igor, el joven vástago de los Kokorev que permanece aún recluido a la espera de que la exorbitante cifra de la fianza pueda ser negociada y rebajada.
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