Por ello, la Fundación le subraya al presidente del Gobierno que la aprobación del decreto ley podría ser constitutivo “de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto, inviolable de acuerdo con el tratatado internacional con la Santa Sede de 1979”.
“Esta Fundación se reserva el ejercicio de las acciones civiles y penales que correspondan en caso de que se proceda a la aprobación y ejecución del real decreto ley”, concluye su carta José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco, quinto de los nietos del que fuera Jefe del Estado, Francisco Franco, y segundo de entre los varones de los marqueses de Villaverde.
Los miembos del Gobierno que voten hoy a favor de la aprobación de dicho decreto ley propuesto por el presidente del Gobierno podrían enfrentarse a penas de cárcel incluso en el caso de que dicho decreto ley se viera validado por el Congreso de los Diputados y recaerían sobre ellos penas de inhabilitación y multas e indemnizaciones. Entre ellas, según fuentes jurídicas consultadas por este medio, "las de costear de su propio bolsillo los gastos por el levantamiento ilegal del cadáver de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos". Para levantar el cadaver de Franco de la Basílica el Gobierno deberá hacer llegar medios suficientes, entre ellos, los de los funcionarios dispuestos a dicha tarea.
El Gobierno no ha justificado aún ni la necesidad ni la urgencia en exhumar a Franco de su tumba, y tanto PP como Ciudadanos ya han anunciado que no darán apoyo a su tramitación en el Congreso de los Diputados, por lo que el decrero ley decaería en sus efectos y no podrá llevarse a cabo. Pese a lo cual, si el Consejo de Ministros lo aprueba, se enfrentan a los efectos de la querela criminal que interpongan tanto los herederos de Franco como la propia Fundación Nacional Francisco Franco.
Si (
No(
A favor (
En contra (
