El ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno con motivo de la pandemia y que tiene en la suspensión de desahucios y la moratoria de alquileres dos de sus puntos más fuertes seguirá en vigor más allá del 9 de mayo. Si bien es cierto que esta fecha, aparejada al fin del estado de alarma, parecía que iba a ser la definitiva en lo relativo a la vigencia de estas medidas, la realidad va a ser bien diferente a pesar de las presiones de gobiernos autonómicos y distintos grupos políticos. “El Gobierno ampliará tres meses más todas las medidas de los últimos reales decretos-leyes en materia de desahucios y contratos de alquiler de vivienda”, anunciaba Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados. A lo que añadía, “tenemos un compromiso y siempre estaremos ahí, no dejaremos a nadie atrás. Nuestro Gobierno está comprometido con la Constitución y con el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna”.
Con este hecho, tal y como recuerda el presidente, se refiere concretamente a aquellas situaciones en las que el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública o bancaria y donde los contratos puedan acogerse a la prórroga específica de seis meses de los alquileres de la vivienda. A lo que hay que añadir la suspensión de los desahucios y lanzamientos de aquellos inquilinos vulnerables que no dispongan de ningún tipo de alternativa habitacional.
Los ERTE y el estado de alarma
Está claro que los grandes titulares de la intervención gubernamental están directamente relacionado con las medidas relativas a la suspensión de desahucios y la moratoria de alquileres.
Sin embargo, también tuvo su grado de relevancia el anuncio realizado por parte de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la prolongación de los ERTE, que se alargarán más allá de la actual fecha límite fijada en el 31 de mayo del vigente año; y la aseveración del presidente por la cual insiste en que no prorrogará el estado de alarma que concluye el próximo 9 de mayo. “El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención”, afirmaba Pedro Sánchez señalando como objetivo “que no haya más prórrogas en esta medida”.
Propietarios preocupados
Pero regresando al tema central del artículo, como es el asunto de las moratorias de alquileres y suspensión de desahucios, cabe reseñar la preocupación que este hecho ha desatado en los últimos meses en determinados propietarios, que temen dejar de cobrar el alquiler por parte de sus inquilinos.
Por ello muchos han tratado de renegociar las cuotas de la renta y tratar de adaptarse a una situación complicada con el fin de mantener una vinculación sana con los inquilinos y que esta no repercuta de forma negativa a la relación contractual.
Así pues, atendiendo a las fuentes consultadas, en general arrendadores y arrendatarios han optado por alcanzar acuerdos para mantener sus arrendamientos sin necesidad de acudir a la vía judicial y dificultar aún más una solución que satisfaga los intereses de ambas partes.
Los que, por contra, decidieron judicializar este proceso y presentar una demanda de desahucio, deben saber que esta opción está totalmente parada tanto por la suspensión de desahucios, como por el retraso que ya de por sí arrastra el sistema judicial por los meses de confinamiento más estricto del año 2020.
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