En este contexto, la penúltima del siempre semidesaparecido ministro Castells ha sido proponer, como se sabe, en el borrador de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario que la firma del Jefe del Estado sea suprimida en la expedición de reconocimientos oficiales de los estudios.
La ocurrencia no tendría mucha más trascendencia, más allá de ser caprichosa e inmotivada, si nuestro país funcionase bien y pudiese permitirse licencias meramente cosméticas en el ámbito educativo. Pero el problema es que no es así.
No deja de sorprender que en una nación hundida también en los rankings de enseñanza superior, en la que muchos de nuestros jóvenes emigran ya buscando una más excelente preparación, el gobierno se obstine infantilmente en llevar su horma republicana hasta los diplomas que reciben los estudiantes. En el mejor de los casos podría considerarse una actitud de parvulario. En el peor, el enésimo gesto de sectarismo y rebeldía frente a nuestro sistema, la monarquía parlamentaria, del que todos nos dotamos pero algunos políticos de huella intransigente, autoritaria y excluyente, miopes, pretenden liquidar.
Europa entera sabe a ciencia cierta, como lo sabemos los ciudadanos, que estamos padeciendo los dos últimos años al poder ejecutivo y a los altos cargos con más pésima formación en la historia de nuestra democracia (la paradoja, en este sentido, es que Castells sí es un tipo leído).
Sin embargo, lo que resulta incomprensible aceptar vez tras vez es cómo persiste con verdadera y tontorrona fruición ese empeño por mantenernos y consolidarnos educativamente en el pelotón de los torpes: con astracanadas e ideas de bombero, con prioridades que no son tales, con propuestas artificiales y rocambolescas que, vistas con perspectiva, esconden un orwelliano proyecto de ingeniería social involutivo y a todas luces empobrecedor.
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