La reforma del mecanismo de la segunda oportunidad condenará a los autónomos a instalarse en la economía sumergida

De este modo, detalla el experto, se da una situación completamente opuesta y antagónica a la originalmente perseguida por la segunda oportunidad, es decir, evitar la proliferación continuada de la economía sumergida y promover la eliminación total de las deudas de los autónomos con el objetivo de que puedan emprender de nuevo sin ningún tipo de losa.

Y es que, si bien, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, establecía este principio como la posibilidad de que una persona física pese al fracaso económico tuviera “la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”, en la actualidad se ha regulado por vía del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, estableciéndose la imposibilidad de exonerar el crédito de derecho público, a diferencia del resto de créditos, lo que supone que los autónomos se vean con dificultades de acceder al mecanismo con totales garantías.

Una gran losa para para los autónomos

“¿De qué sirve a los autónomos eliminar las deudas con proveedores o con bancos si no se les exoneran las deudas de derecho público? ¿Qué van a hacer cuando para trabajar con terceros tengan que presentar justificantes de estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social?”, cuestiona el abogado, que recuerda que son los autónomos los que tienen más probabilidad de generar deudas públicas, ya sea por aplazamientos tributarios o IVA no pagado.

La consecuencia directa de todo este escenario planteado por el Proyecto de Reforma de la Ley Concursal es desincentivar a quienes tienen deudas de derecho público a acceder al mecanismo.

“La losa de estas deudas de derecho público les llevará a instalarse de forma perpetua en una economía sumergida, sin posibilidad alguna de aflorar su actividad, con el perjuicio que ello conlleva para las arcas del Estado y para los propios autónomos que, difícilmente, van a poder desarrollar y hacer crecer su actividad en un circuito paralelo, limitado y al margen de la legalidad”, explica Jorge Fernández.