Tomando como referencia los últimos datos disponibles de la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, el Impuesto de Patrimonio representó unos ingresos totales para las Comunidades Autónomas de 1.152.317.000 euros en 2021, lo que supone un descenso del 3% respecto al año anterior.
“De este modo”, continúa el abogado, “si tenemos en cuenta que el total de ingresos de las Comunidades Autónomas en este tiempo ascendió hasta los 223.760.816.000 euros, comprobamos que este impuesto tan solo representó el 0,5150% del total de los ingresos”.
A diferencia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava la “transmisión” de riqueza, el de Patrimonio grava su mera posesión, la cual ha sido previamente tributada al adquirirse: “La repercusión de este tributo para el total del Producto Interior Bruto (PIB) del Estado es de apenas unas centésimas de porcentaje, mucho ruido para tan pocas nueces”.
Una presión fiscal por encima de lo aparente
Manteniendo esta comparativa con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, existen otras similitudes, como las importantes diferencias de tributación en función de la Comunidad Autónoma en la que resida.
“Si tomamos el caso concreto de un contribuyente con una vivienda habitual valorada en 240.000 euros, sin discapacidad y bienes no afectos a actividad económica y excluida la referida vivienda en 1.300.000 euros, podemos apreciar las diferencias de cuotas entre Madrid, donde estaría exento de pago, Cataluña (8.599,88€), donde más se recauda, y Murcia (9.828,43€), considerada de rango recaudatorio bajo”, detalla Mateo.
Sobre este escenario, los diferentes partidos políticos han señalado en varias ocasiones que todavía existe margen para subir los impuestos, pues la presión fiscal de España es menor que otros países de la zona euro. Según datos de Eurostat, este valor fue del 35,2% en 2019, más de cinco puntos por debajo de la media comunitaria 41,1%.
A pesar de esto, el experto se refiere a los datos presentados por la Tax Foundation y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que plantean una variable de carácter esencial: “Teniendo en cuenta nuestra peculiar estructura económica y tributaria, la economía sumergida y el fraude impositivo asciende al 22% del PIB, esto implica que en realidad sólo el 78% restante soporta toda la carga tributaria. Con ello, la presión fiscal efectiva para los que contribuyen sería cercana al 44,6%, algo más en la línea de la media europea”.