La suntuosa alusión a la “soberanía nacional” se limita, en la mayoría de los casos, a una especie de entelequia constitucionalista, con una intención cuasi mitológica en el marco del resto de la narrativa facturada por el propio Régimen del 78, cuyo texto normativo reza en el apartado segundo de su artículo primero que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Sin embargo, cuando se concreta y determina la cuestión, por lo general esos mismos discursos mediáticos hegemónicos soslayan sibilinamente todos y cada uno de los factores que cuestionan la efectividad y vigencia de esa pretendida “soberanía nacional” a la que aluden y se remiten. A esta situación se le suma una cierta bisoñez o candidez en la recepción social de estos posicionamientos oficialistas y epidérmicos que enmascaran o edulcoran una dura y penosa realidad para los súbditos del Estado español tras casi 45 años de Régimen setentayochista. Un país gobernado por sujetos mediocres, envilecido de cainismo y divisiones maniqueas, con una Administración Pública endeudada e insostenible financieramente, y una sociedad cada vez más acomplejada y anémica, empobrecida y demográficamente moribunda, con un tejido social y productivo cada vez más subordinado a intereses e injerencias extranjeras.
En este sentido, resulta pertinente preguntarse porqué un país de la entidad y trayectoria histórica de España, a la luz de un análisis más omnicomprensivo y metajurídico, ha podido ser desposeído materialmente de su soberanía efectiva. Resultaría pues equívoco seguir afirmando una soberanía teórica que no se da en la praxis, en prácticamente ningún ámbito de la realidad pública, salvo en el de la teatralización parlamentaria y en la escenificación electoral, bajo los condicionamientos sistémicos de la demoscopia y de la mercadotecnia partidista.
La referencia a la soberanía política nos debería llevar a una reflexión más amplia y compleja, en la línea de la comprensión unitiva y simultánea de los múltiples factores que condicionan el devenir de España. Discutir si España posee o carece de un pueblo soberano, y de una autonomía estratégica o no, en el concierto internacional, nos conduce a desgranar a continuación al menos dos razones principales.
En primer lugar, nuestro país tiene en su suelo dos bases de la OTAN (Morón y Rota) y también una colonia británica como Gibraltar, dentro de su propio territorio nacional. Eso condiciona el uso y disposición de nuestro espacio terrestre, aéreo y marítimo. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla no están bajo la protección del Tratado de la OTAN. Conviene recordarlo ahora que se cumple el 40ª aniversario del ingreso de España en dicha organización militar. En consecuencia, la política exterior y de defensa que se traza desde Madrid dependen, obviamente, de otros centros de poder y decisión: fundamentalmente del Pentágono y de la Secretaría de Estado de la Administración estadounidense.
A este respecto, la excelente obra de Alfredo Grimaldos, “La CIA en España” (Península, 2017), gracias a su extraordinaria documentación y fuentes utilizadas, arroja mucha luz sobre las actuaciones de esta agencia de inteligencia de EE.UU. en nuestro país. Resulta muy revelador cómo el autor desvela las conexiones de la CIA con los altos cargos del poder político y militar del Estado español, poniendo de manifiesto el riesgo y la cesión de soberanía que ello representa, habida cuenta de que España es habitualmente usada por EE.UU. como base de operaciones para transportar desde prisioneros hasta armamento nuclear. Grimaldos expone y documenta el rol fundamental que ha tenido la CIA en la historia moderna de España, su intervención determinante para tutelar la Transición y el golpe de Estado del 23-F, así como para asegurarse de que la respuesta al referéndum sobre la OTAN fuera la más favorable a los intereses norteamericanos, entre otras formas de condicionar la vida política española.
Por otra parte, las capacidades militares de las fuerzas armadas españolas dependen a su vez de la tecnología y armamento cedido o patentado por empresas y potencias extranjeras. El caso Pegasus y los problemas de ciberseguridad del gobierno español, así como la ineficacia del CNI, son meras anécdotas dentro de una sintomatología más problemática y grave que pone de relieve la irrelevancia y vulnerabilidad del Estado español en su conjunto. De hecho, en la práctica, ninguna fragata española podría estar completamente operativa sin usar la tecnología cedida por los contratistas de Washington, con las condicionalidades de todo tipo que ello implica. Por tanto, sin tener una soberanía militar plena resulta inútil hablar de soberanía territorial y política.
La segunda razón tiene que ver con el desequilibrio de las finanzas públicas, entre otros factores, por el elevado nivel de deuda pública alcanzado. El excesivo endeudamiento hace que la Administración Pública esté a merced -de facto- de los acreedores externos. Vamos camino de tener un 130% de nuestro PIB de deuda pública, y la mitad de ese importe de deuda emitida está en poder del Banco Central Europeo (Frankfurt).
Por tanto, las finanzas públicas españolas quedan al albur de las injerencias e intereses externos, principalmente por la parte del máximo aportante del BCE, el Bundesbank, esto es, de la banca alemana y por tanto de las empresas y ahorradores alemanes -y en general, de los acreedores netos de la Eurozona. Estos son los denominados países “frugales” que tienen sus propios intereses, criterios y prioridades. Los acreedores, a fin de cuentas, son quienes imponen a los deudores la política monetaria y las condiciones del endeudamiento y ya han avisado que en la segunda mitad del presente año comenzaran a retirar las compras de deuda pública española. Está por ver cómo el Régimen del 78 consigue reinventarse sin la chequera de los alemanes, habida cuenta de los inmensos compromisos y redes clientelares internas que las oligarquías políticas y sus caciques regionales han construido, a base de promesas ficticias para la supervivencia de sus negociados. La contabilidad estatal nos dará las pistas muy próximamente y los reajustes se notarán en las calles españolas tarde o temprano.
Esta situación de vulnerabilidad financiera hace que España, además, quede a merced de numerosos bancos y fondos de inversión especulativa de la City de Londres y de Wall Street (Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, por mencionar algunos de los más grandes). En este sentido, resulta muy ilustrativo la investigación llevada a cabo por Rubén Juste, en su libro “La nueva clase dominante” (Arpa, 2020), en el que expone en su capítulo 2º (págs. 97-155) las sofisticadas relaciones endogámicas que se dan dentro del engranaje de las finanzas públicas y de los mercados financieros. Una maquinaria institucionalizada que, tal como está planteada, disuelve la soberanía nacional y el principio de representación en el Estado en unas sinarquías y entramados opacos que, desde la tramoya de algunos despachos de los ministerios, de la banca y de los principales consejos de administración de las corporaciones multinacionales se ejerce las decisiones que afectan a millones de personas y al destino de toda la nación, sin rendir cuentas y sin transparencia alguna.
Estas relaciones incestuosas dentro del binomio Estado-Mercado se transmiten a los sistemas de contratación pública y en general a toda la actividad de los organismos del Estado. Lo que se ha dado en llamar “corrupción política”, tan acentuada en los últimos años, aunque presente desde la propia génesis del Régimen del 78, no es más que el síntoma de una debilidad estructural del propio Estado español, que deriva de la expropiación progresiva de su soberanía. La prevaricación administrativa, el cohecho, la malversación de caudales públicos, el nepotismo, la financiación irregular de los partidos y el clientelismo, no son desviaciones del sistema, sino la expresión natural o normal de la praxis del propio Régimen, que está asentada en un inmenso latrocinio de las clases productivas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos.
Por eso, volviendo al punto anterior, si los oligopolios bancocráticos permiten al Estado español endeudarse y desequilibrar sus finanzas públicas más allá de lo razonable en términos prudenciales, es, ante todo, porque esa es la fuente de su negocio crematístico y usurero, que se realiza siempre a costa de desarticular los activos estratégicos de la economía nacional y de sus industrias, comenzando por los sectores estratégicos o críticos, como la energía, las telecomunicaciones, el transporte, la alimentación y las agroindustrias. Políticas de privatizaciones y liberalizaciones bajo la nomenclatura de la “reconversión industrial” que trajeron cierres y deslocalizaciones de empresas, alto desempleo estructural y en última instancia el fenómeno tan cacareado ahora de la “España vaciada”.
Por tanto, sin poseer soberanía monetaria y bancaria es igualmente absurdo referirse a una supuesta soberanía económica o a una planificación industrial, y menos aún a la soberanía política.
Si (
No(
