La factura electrónica será obligatoria para las empresas y autónomos con una facturación anual superior a los 8 millones de euros a partir de la primavera de 2024. Posteriormente, se prevé que sea obligatoria también para las empresas y autónomos con una facturación anual inferior, que deberán implementarla durante los siguientes dos años de la aprobación de la norma, es decir, para 2025. Así lo ha explicado Iker Beraza Pérez, Vocal Asesor de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España en el evento eProcurement Tech Summit 2022, organizado por la empresa líder en facturación y pago electrónico Voxel, y que ha reunido a más de 120 personas para abordar los retos de la transformación digital de la cadena de abastecimiento del canal Horeca. Este modelo, recogido en la Ley Crea y Crece del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, tiene dos objetivos principales: en primer lugar, luchar contra el abuso de los plazos de pago, asegurando el cumplimiento de la normativa de morosidad comercial general y sectorial con datos fiables sobre plazos de pago de clientes a proveedores y, en segundo lugar, apostar por la digitalización de las empresas, en especial PYMES y profesionales autónomos, en el marco del Plan de Recuperación de la economía española.
Para poner en contexto esta situación, Beraza ha explicado que en 2021 se intercambiaron 296 millones de facturas electrónicas. “Con esta ley”, detalla, “se busca establecer un sistema descentralizado que permita maximizar la cobertura de las plataformas e incorporar en todos los sectores la factura electrónica”.
La norma establece un período de 6 meses desde la publicación de la ley (aprobada el 22 de septiembre de este año) para determinar los requerimientos técnicos y de información a incluir en la factura electrónica.
La factura digital, una realidad inminente
Con este nuevo modelo, las empresas y autónomos podrán comunicar la fecha de pago real de cada factura. “La obligación de comunicar la fecha de pago puede recaer en el pagador, el cobrador o ambos”. Con ello, se podrá monitorizar el cumplimiento de la normativa de morosidad comercial, además de que empresas y autónomos tendrán la capacidad de emitir y recibir facturas electrónicas en un único formato y por un único canal, automatizando el proceso, lo que supone una gran disminución de costes.
En este sentido, Beraza ha añadido que “se creará un observatorio nacional con capacidad de configurar un listado de los peores pagadores, con la idea de que represente una sanción reputacional con el objetivo de redirigir determinadas conductas en los pagos”.
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