En este contexto, la Unión Europea busca en la facturación electrónica una herramienta que permita a las autoridades controlar la actividad en tiempo real, adoptar medidas sin demora en función del contexto económico y normalizar el tratamiento de las transacciones nacionales y europeas.
Radiografía de la facturación electrónica en España y resto de Europa
La obligación de implementar la factura electrónica se está extendiendo progresivamente a las transacciones B2B. La Unión Europea quiere luchar contra el fraude fiscal, limitar las pérdidas financieras de los Estados miembros y controlar mejor la actividad económica de sus actores. Los Estados miembros de la UE disponen de cierta flexibilidad en cuanto a la implantación de la facturación electrónica tanto con los agentes públicos (B2G) como con los privados (B2B). Por ello, no todos los países se encuentran en la misma fase.
Los expertos de Generix Group, compañía especializada en soluciones de software de facturación electrónica, han analizado en qué situación se encuentran los principales países de la Unión Europea en cuanto a la implantación de la facturación electrónica.
España
El 29 de septiembre se publicó en el BOE, la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas que registra la obligatoriedad de la adopción de la factura electrónica en España. La norma recoge, como novedad, la emisión de facturas electrónicas en las operaciones comerciales entre empresarios, profesionales y proveedores. Una obligación que se extiende con independencia del sector en el que se desarrolle la actividad.
Esta legislación es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que busca mejorar las relaciones entre las empresas y los proveedores para reducir los impagos y el índice de morosidad y que recoge una demanda histórica de los empresarios españoles ya que facilita el emprendimiento y la creación de empresas.
Esta Ley recoge la obligatoriedad de utilizar la facturación electrónica y que entrará en vigor en dos fases. Por un lado, las empresas y autónomos con una facturación anual superior a 8 millones de euros tendrán la obligación de aplicar esta medida en el plazo máximo de un año desde que se apruebe el desarrollo reglamentario (a partir de mediados de 2023). Por otro lado, el resto de las empresas cuya facturación anual sea inferior a 8 millones de euros tendrán que aplicar esta medida en un plazo de dos años, es decir, en 2025 será de obligado cumplimiento para cualquier tipo de compañía en España, independientemente del tamaño y sector.
Alemania
La facturación electrónica es obligatoria en la administración central y los Länder de Bremen, Saarland, Baden-Württemberg y Hamburgo. Para el resto de estados federados será obligatoria su adopción a partir de 2023. En el sector privado, la factura electrónica es opcional desde 2011.
Austria
En Austria, la facturación electrónica es obligatoria para las administraciones públicas centrales, desde 2014, las administraciones públicas federales y municipales, desde 2020, y para sus proveedores. En el sector privado, la factura electrónica es opcional desde 2013.
Francia
Para el sector público, la factura electrónica es obligatoria en Francia desde 2020 a través de la plataforma Chorus Pro. En cuanto al sector privado, existe una obligación gradual de emitir facturas para las empresas registradas en el IVA entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de enero de 2026.
Italia
En Italia, la facturación electrónica es obligatoria desde 2014 en el sector público y desde 2019 para los agentes privados a través de la plataforma SDL. Además, se estableció el uso obligatorio de la orden de compra electrónica para el sector de la sanidad pública.
Portugal
La facturación electrónica es obligatoria para las administraciones públicas y sus proveedores desde 2019. La plataforma utilizada en Portugal es la eSPAP (Entidade de Serviços Partilhados da Administraçao Pública).
“Para las empresas, la generalización de la facturación electrónica puede representar un reto importante debido a sus limitaciones técnicas y organizativas. Sin embargo, debe verse sobre todo como una fuente de oportunidades a escala nacional, europea y quizás pronto mundial, dados los numerosos beneficios que aporta a nivel organizativo y administrativo”, concluye Salazar.
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