Casi dos siglos después, los dirigentes de una izquierda indocumentada y adanista que, o no conoce estos imprescindibles escritos, no los llegó a entender realmente o no tienen escrúpulos ni vergüenza, se muestra dispuesta, con el único propósito de mantenerse en poder, a acabar con las innovaciones institucionales que dieron lugar al Estado de Derecho.
Ningún demócrata formado contrapone la democracia con la Ley, todo lo contrario, sabe que ésta es la mayor garantía de libertad. Como decía Cicerón: “somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres” Por su parte Locke afirmaba: “Donde no hay ley no hay libertad” Para terminar de afirmar este principio, nada mejor que la respuesta que Sartori se da así mismo cuando se pregunta por qué la libertad necesita de la ley: “Porque si gobiernan las leyes – que son reglas generales e impersonales – no gobiernan los hombres, y a través de ellos, la voluntad arbitraria, despótica o simplemente estúpida de otro hombre. Es verdad que la ley es también coerción, pero al mismo tiempo nos tutela porque está constituida por normas que se aplican a todos sin distinción, incluso a quienes las hacen. Lo que es un formidable freno”.
Desde que se publicase “La democracia en América” algunas cosas han cambiado, ahora es el Ejecutivo el que acapara el poder. Sin embargo, las pretensiones de los representantes políticos se mantienen firmes, utilizar el aparato administrativo del Estado en su propio provecho. Otro gran pensador, cuyos libros, seguro no están en la cabecera del inquilino de la Moncloa, John S. Mill, ya nos previno: “El verdadero principio de un gobierno constitucional exige que se presuma que se abusará del poder político para alcanzar los objetivos particulares de quien lo detenta”.
El desafío al Estado de derecho es tan serio y real, que hay que dejarse de eufemismos y de argumentos “políticamente correctos”. La selección inversa practicada por unos partidos políticos sin democracia interna, iniciada con Zapatero, ha dado sus frutos. Después de años promocionando al más indocumentado y al más adulador nuestros representantes políticos no pueden ser más nefastos. Ahora bien, están ahí porque la sociedad española los ha elegido.
Hace ya más de cinco años que definí al “populismo” como la doctrina que asegura que la soberanía popular no tiene ningún límite. Después de las declaraciones del presidente del Gobierno y sus ministros, no hay ninguna duda de que además de irresponsables son populistas.
El viaje iniciado por Felipe González en Suresnes comenzó a patinar con Zapatero y ha descarrilado definitivamente con Pedro Sánchez. El “sanchismo” supone la vuelta al socialismo del siglo XIX, por lo tanto, lejos del progresismo que pregonan, sus ideas representan una vuelta al pasado. El único cambio que promueven estos retrógrados esta causado por el distinto extracto social del que provienen. En su origen las ideas socialistas eran defendidas por trabajadores que aspiraban a la “propiedad de los medios de producción”. Entre los líderes de la actual izquierda española es difícil encontrar a alguien que no viva del erario público y, por tanto, ya no aspiran a la propiedad de los medios de producción ahora se conforman con expropiar directamente la producción. En esto consiste el socialismo del siglo XXI.
A estas alturas, después de los numerosos ejemplos ofrecidos por la historia, únicamente, la ignorancia y el sectarismo más exacerbado puede llevar a ciertos individuos a poner en cuestión que las instituciones del mercado y la democracia liberal son las responsables del progreso social y económico del que disfrutamos los occidentales. Cualquier esfuerzo que no pretenda profundizar en su consolidación y perfeccionamiento, además de estéril es peligroso.
Como dice Ayn Rand: “ningún sistema político-económico en la historia ha probado su valor tan elocuentemente o ha beneficiado a la humanidad tanto como el capitalismo, y ninguno ha sido atacado de manera tan salvaje, cruel y ciega”. Además, el capitalismo es el único “sistema moral de la historia” pues es el que mejor se adapta a la naturaleza humana, empática a la vez que competitiva.
La encarnizada lucha por controlar el Tribunal Constitucional y la reciente votación del 19/12/2022, por seis votos a cinco, que paraliza las enmiendas presentadas para reformar el CGPJ y el TC confirma hasta que punto el derecho es interpretable, más aún, cuando los miembros de este tribunal responden obedientemente a quien los ha nombrado, dejando de lado la razón jurídica.
Los ciudadanos ante este enorme problema sólo tenemos una solución, asumir directamente el derecho a nombrar, independientemente y por periodos no coincidentes, a los representantes de cada uno de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de manera que cada uno de ellos tenga que responder directamente ante los ciudadanos, sin la intermediación de los partidos políticos. Su voracidad está poniendo en peligro el consenso necesario para establecer y respetar las reglas del juego que permiten una democracia avanzada.
Ha llegado el momento en que la sociedad civil, en la que reside la soberanía nacional, debe demostrar que está por encima de unos representantes políticos mediocres, desleales, que defienden sus intereses por encima de los de los ciudadanos, rescatando para sí la toma de decisiones necesarias para garantizar que España tenga un futuro digno y próspero dentro de una Europa unida.
Si no es así ¡mereceremos lo que nos pase!