España comienza su año electoral de 2023 manteniendo su puntuación en el Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE), ya que apenas pierde dos centésimas, pero con una sensible bajada en el puesto: ocupamos actualmente el 47º frente al 38º de la edición anterior. Este descenso se debe a la mejora de otros países que han ido superando la puntuación española. El IMLE, cuya primera edición vio la luz en 2018, no arroja grandes sorpresas en su quinta edición, publicada en los últimos días de 2022. Finlandia repite en primera posición, seguida, por este orden, de Islandia, Irlanda, Suiza y Dinamarca, cuyos sistemas electorales mantienen también los puestos obtenidos en la edición de 2021. Australia se ve desbancada por Eslovenia para el sexto puesto, al perder algo más de medio punto, perdiendo también así la máxima categoría (“altísima libertad electoral”) que se reserva a los países que superan los ochenta puntos sobre cien. La mayoría de los países que superan los setenta puntos (“alta” o “muy alta” libertad electoral) son democracias consolidadas con un elevado desarrollo económico, pero es preciso reconocer el buen desempeño de países latinoamericanos como la República Dominicana (situada en ela 16ª posición), Uruguay, Costa Rica o Panamá, junto a varios microestados insulares del Pacífico.
Destaca el desempeño francamente mejorable de los Estados Unidos (en el puesto 41º), España (47º), Alemania (48º) o Bélgica (50º). Todos estos países son democracias avanzadas que se sitúan en la franja de “alta” libertad electoral, pero su posición relativa al pelotón de cabeza indica claramente la necesidad de mejorar sus sistemas electorales corrigiendo deficiencias que perjudican la libertad de los electores en alguno de los cuatro subíndices: desarrollo político (factores generales del sistema democrático), libertad de sufragio activo (“votar”), libertad de sufragio pasivo (“ser votado”) y grado de empoderamiento del elector. Mediante más de cincuenta indicadores para los casi doscientos países analizados, el IMLE computa más de diez mil cifras basadas siempre en datos oficiales o indicadores académicos de reconocido prestigio y uso común por la comunidad internacional de politólogos. Desde su primera edición, dirige el estudio el profesor de Ciencia Política José Antonio Peña-Ramos, de la Universidad de Granada. El consejo científico internacional incluye profesores y expertos de una decena de países.
El sistema electoral español es correcto en casi todas sus facetas, sin alcanzar niveles de excelencia en casi ninguna. Destaca favorablemente la seguridad del proceso de votación y escrutinio, que es especialmente sólido frente a cualquier tentativa de manipulación. Sin embargo, España presenta un amplio espacio de mejora en materia de sufragio pasivo. Aunque la constitución en sí de formaciones políticas es particularmente sencilla en comparación con otros países, su posterior participación en procesos electorales está sometida a fuertes barreras de entrada que operan como privilegios de enorme peso a favor de los partidos grandes o pequeños que ya tienen representación.
Cabe mencionar las trabas difícilmente superables que la última gran reforma de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) introdujo hace más de una década, exigiendo la captación de miles de firmas de ciudadanos para concurrir a unas elecciones. Esta exigencia no se eliminó durante la pandemia, reduciendo drásticamente el número de candidaturas presentadas. Por otra parte, los elevados umbrales electorales y la aplicación de la Ley d’Hondt reducen sustancialmente la proporcionalidad del sistema. Sólo Grecia (puesto 77º y último de la UE) presenta una desproporción mayor al asignar arbitrariamente un contingente de escaños adicionales al partido más votado. En España, con infinidad de circunscripciones de cuatro o cinco elegibles, el efecto es de alta sobrerrepresentación para la primera candidatura, algo menor para la segunda y de fuerte infrarrepresentación para las siguientes, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de un grupo adicional de escaños de ámbito territorial general, como existe en otros países para corregir este problema. Finalmente, el rígido sistema de listas cerradas y bloqueadas debe dar paso a un procedimiento que dé al elector la libertad de elegir candidatos y no candidaturas, reduciendo así nuestro elevado nivel de partitocracia.
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