Asimismo, observamos que no solamente hay familias que emigran por culpa de la guerra, como son los refugiados ucranianos que cada vez son más los que engrosan las “colas del hambre”, sino que hay muchas más familias latinoamericanas que emigran en grandes cantidades a causa de la violencia y la pobreza que genera la situación política inestable de estos países, empobreciendo a sus familias y perjudicando sus pequeños negocios. Se aprecia en todas ellas una semejanza con el modelo de persecución y empobrecimiento venezolano, y muchos huyen de sus empleos públicos y de sus pequeños negocios bajo amenazas de muerte, extorsión o persecución. Su destino, aparte de España e Italia, son USA, Canadá, Inglaterra y Australia.
Especialmente grave es el caso de Perú y de Colombia, donde se ha agravado la situación en los últimos meses. Las familias se van empobreciendo de manera rápida y la violencia amenaza a familias de clase media y baja, obligándoles a huir de su tierra con lo puesto. Fruto de esta realidad, tenemos un nuevo nicho de pobreza en España, de familias que apenas llevan aquí 3 meses viviendo.
A estas nuevas familias pobres, se suman muchas más que estando asentadas en España, proceden de países como Honduras, Nicaragua, Cuba, Paraguay y El Salvador. Últimamente, observamos con alarma familias y madres con menores procedentes de países que hasta ahora no llegaban a España. Sin embargo, la pobreza y desprotección social, ha llegado hasta ellos, como es el caso de familias llegadas de Argentina, Brasil y México.
La falta de techo y su encarecimiento en España, la ausencia de atención sanitaria para estas familias, y de ayudas sociales, debido a que carecen de empadronamiento, aumenta la “brecha de la pobreza” en todas ellas. Propietarios que ya no aceptan “niños, ni mascotas, ni embarazadas”, y si una mujer se queda embarazada en una habitación o piso, es excluida y puesta en situación de calle. “Los niños son un factor de exclusión residencial y laboral en las grandes urbes”.
El tener un techo esta imposible para estas familias. Los alquileres de habitaciones han aumentado un 300%, hasta los 700 - 800 € (desde los 300 € de hace años), y ahora se pide por parte de los propietarios garantías adicionales, como en los pisos e hipotecas: avales, 3 nóminas, y dos meses por anticipado. Incluso ya indican en los precontratos, que “no aceptan niños, mascotas, ni embarazadas”. “Si te quedas embarazada te echan”. Por este motivo, las grandes ciudades se están convirtiendo en una “trampa mortal” para las familias con menores a cargo o embarazadas.
Esto ha generado un “mercado negro” de la “patada en la puerta”, es decir, del “negocio de la okupación” de viviendas de la comunidad, o de bancos, con mafias que piden hasta 4000-7000 € por una llave y una casa desocupada.
Otro gran problema para estas familias es el empadronamiento, hoy en día algo más importante que tener papeles para acceder a servicios básicos sanitarios y sociales. Destacar que hay españolas incluso, o mujeres con NIE que no pueden empadronarse en el lugar donde viven porque hay una persona en la misma vivienda (aunque no se conozcan), que ya está percibiendo otra ayuda social. Las ayudas sociales se dan por vivienda (lugar de empadronamiento) y no por unidad familiar, lo cual es un grave error que aumenta la pobreza.
Hay hogares donde sobreviven hasta 3 generaciones (abuelos, padres y nietos), viviendo en un mismo hogar por la crisis económica, y el abuelo con su pensión, es el que mantiene a toda la familia, ya que con una pensión nadie en ese hogar podría pedir una ayuda social.
Al carecer de empadronamiento, los miembros de las familias vulnerables, incluidos los menores, no pueden acceder a los servicios básicos de salud, ni a los servicios sociales en los que te piden empadronamiento para iniciar cualquier gestión de ayudas.
Esto ha motivado un mercado negro de empadronamientos, que van desde el pago de los residentes de 50 € a los 300 € por persona.
La Fundación Madrina sabe que hay una normativa interna aprobada por parte de los ayuntamientos, que obliga a los Servicios Sociales a empadronar en sus instalaciones a quien no esté empadronado, cuando los propietarios no les permitan empadronarse en su propio domicilio. Sin embargo, las trabajadoras sociales no quieren empadronar indicando que “no están para estudiar normas o para aplicarlas”.
Toda esta situación, genera más indefensión y pobreza materno-infantil en las familias vulnerables, por lo que la Fundación Madrina, atendiendo a razones humanitarias, sigue empadronado con sus recursos a centenares de personas y niños vulnerables, que carecen de atención básica sanitaria y social mínima.
Por todo lo anterior, la Fundación Madrina propone a la administración social 23 medidas para favorecer la eliminación de la exclusión y pobreza de la población vulnerable residente en España, especialmente para madres y niños vulnerables:
23 MEDIDAS DE FUNDACIÓN MADRINA PARA PALIAR LA POBREZA MATERNO-INFANTIL.
Asegurar ayuda económica directa y una fiscalidad más solidaria:
Ayuda económica directa por cada nacimiento, 7.000€, independientemente de la edad, tipo de residencia, nacionalidad o tiempo de empadronamiento.
Cheque humanitario para necesidades básicas de familias vulnerables con menores a cargo, con el fin de apoyar económicamente y mensualmente en sus necesidades básicas, como alimentos, higiene, farmacia, gafas, sillas de ruedas, material escolar, entre otros.
Cheque humanitario para necesidades básicas de familias vulnerables con menores a cargo, con el fin de apoyar económicamente mensualmente en las necesidades básicas, como alimentos, higiene, farmacia, gafas, sillas de ruedas, material escolar, entre otros.
Apoyar económicamente a las empresas y a las familias y pueblos que apoyan a estas familias vulnerables en su realojamiento rural, desde las grandes urbes.
Apoyar con incentivos fiscales 100% a empresas, autónomos, familias y pueblos que donen servicios, patrimonio, productos o material humanitario (alimentario, ropa o sanitario), para paliar la pobreza y que apoyen de alguna manera a estas familias vulnerables.
Dejar productos de alimentación e higiene infantil y de maternidad a precio de coste, subvencionados para familias vulnerables.
Favorecer que el 0.7% de la producción de productos y servicios “materno-infantiles” sean ofrecidos a los bancos de alimentos para paliar la pobreza y vulnerabilidad social de estas familias, con el 100% de desgravación fiscal.
Homologación exprés de títulos sanitarios y universitarios
Homologar automáticamente los títulos universitarios, especialmente los relacionados con títulos sanitarios y de ingenierías, para mejorar y agilizar la inclusión laboral de las familias vulnerables en el tejido laboral.
Aumento en número y accesibilidad de Becas para jóvenes que deseen ingresar en la Universidad.
Nacionalidad exprés para jóvenes universitarios.
Asegurar más viviendas y alquileres sociales, incluido el entorno rural:
Garantizar una mayor construcción y conversión de pisos privados en pisos de alquiler social frente a la ocupación.
Que, el Estado o cada Comunidad autónoma, ofrezca garantías o avales para financiar el alquiler social de una vivienda, con el fin de salvaguardar la supervivencia de las familias vulnerables y garantizar para ellas un techo.
Facilitar el alojamiento de las familias vulnerables con menores a cargo en el entorno rural, con ayudas directas a las familias y los pueblos que acogen, así como una mayor inversión en infraestructuras, transporte, internet, educación, vivienda y sanidad.
Favorecer el empleo es la mejor política social, al igual que mejorar la conciliación:avorecer el autoempleo y emprendimiento en las familias vulnerables con la eliminación del pago de la cotización de autónomos durante 3 años.
Promover y facilitar el alquiler de vehículos para familias vulnerables, así como facilitar gratuitamente el examen al carnet de conducir, ofreciendo vehículos a un precio social financiado por las comunidades.
Ofrecer transporte gratuito permanente para estas familias hasta que consigan un trabajo estable. Muchas no pueden ir a entrevistas de trabajo.
Mejorar la conciliación repercutiendo su peso sobre el Estado, no sobre las empresas, favoreciendo un salario base maternal, y nuevas figuras legales para la conciliación.
Aumentar y permitir el estacionamiento en espacios reservados para discapacidad y de carga y descarga, para vehículos que transporten a mujeres embarazadas o con menores de 3 años.
Eliminación del empadronamiento exclusivo, y más apoyo de Servicios sociales
Eliminar el empadronamiento como requisito excluyente para recibir ayudas sociales y servicios esenciales básicos como el sanitario.
Empadronar a las familias vulnerables en los propios servicios sociales, tal y como ya está legislado en Ley y regulado en las administraciones locales. Hecho que no se cumple.
Ofrecer más información de ayudas y recursos, por parte de servicios sociales, especialmente para mujeres embarazadas y familias con hijos menores a cargo.
Sanidad universal y gratuita en los centros de salud y hospitales públicos.
Sanidad universal para la infancia y maternidad vulnerables. Actualmente, no hay acceso a menores y embarazadas a la sanidad pública si carecen de papeles o de empadronamiento, recibiendo incluso facturas por el pago de servicios en hospitales públicos.
Eliminar el coste residual de los medicamentos y del pago de la tarjeta sanitaria.