Debe ser este indicador el que mueve al optimismo a los responsables económicos del Gobierno: la vicepresidente primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, declaraba no hace mucho que “está cada vez más claro que recuperaremos en 2023 el PIB previo a la pandemia” y, más recientemente, se lamentaba de que los medios de comunicación solo publicaban noticias “en negativo” y “como soy perseverante no abandono la esperanza de que las noticias positivas también ocupen un espacio en los medios”. Cómo si lo que se publica en los medios de comunicación influyera en la marcha de la economía, los economistas pensamos que son las medidas y la política económica que aplica el Gobierno las que determinan la evolución de la economía.
El otro indicador del que presume el Gobierno es la evolución de la tasa de inflación general, el IPC, cuyo indicador adelantado a mayo se sitúa en el 3,2% (el 4,1% en abril, frente al 7% en la eurozona), pero no dice nada de la inflación subyacente que se situó en el 6,1% en mayo (el 6,6% en abril, frente al 5,6% en la zona euro), ni del precio de los alimentos, que se situó en el 13,6% en abril 2023.
Pero solo puede presumir de esto, porque todos los demás indicadores macroeconómicos son muchos peores en España: déficit público en 2022 del 4,81% (3,6% en la eurozona), deuda pública 113,2% sobre PIB (91,6% en la zona euro), tasa de desempleo 13% (6,7% en la eurozona, prácticamente la mitad), o la renta anual media de los españoles, la que más desciende en Europa desde 2019 y la que más pérdida ha sufrido entre las grandes economías mundiales, ampliando la brecha frente al resto de países y ocupando el puesto 18º en la tabla de nivel de vida, por debajo del que representa nuestra economía, la 14ª posición.
Así las cosas, ya habíamos asumido la semi paralización de la actividad como consecuencia de las elecciones del 28M y confiábamos en que los resultados clarificasen la realidad que se vive a pie de calle: la necesidad de un giro copernicano en la política, si no nacional, sí al menos en los niveles autonómico y municipal, lo que efectivamente se ha producido. Y, cuando esperábamos que se constituyesen los nuevos ayuntamientos el próximo 17 de junio, y los nuevos parlamentos autonómicos a partir del 13 de junio hasta final de mes, y por consiguiente se reactivase la actividad de las AAPP y se produjera un impulso hasta las elecciones generales en diciembre, al calor de los buenos resultados obtenidos, nos encontramos el 29M, casi sin tiempo para levantarnos y desayunar, con el anuncio de la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales anticipadas … ¡para el 23 de julio!, con medio país de vacaciones y el otro medio a punto de cogerlas.
Abstrayéndome de la valoración y oportunidad política de la decisión, quiero centrarme en el severo golpe que producirá en nuestra economía: paralización absoluta hasta mediados/finales de septiembre. ¿Quién va a contratar nuevos empleados, quién se va a comprar una vivienda o a ponerla en alquiler, cuántos españoles reducirán sus vacaciones para ir a votar, dañando gravísimamente al turismo interno en nuestro país, hoteles, apartamentos, restaurantes, transportes, etc?. ¿Cuántos extranjeros renunciarán a visitar nuestro país en julio y agosto sabiendo que estamos en período electoral y sufriendo una campaña durísima de acusaciones entre unos y otros, con lo polarizada que se encuentra nuestra sociedad por las soflamas lanzadas desde el Gobierno y los partidos de extrema izquierda, comunistas y populistas, e independentistas que le apoyan?.
¿Quién estará dispuesto a invertir en nuestro país, sí a la inseguridad jurídica que ya padecemos, con la aprobación de medidas intervencionistas, que cuestionan la libertad de empresa y la libertad de mercado, sumamos la inseguridad institucional que supone cuál será el nuevo gobierno que salga de las urnas: será de nuevo un gobierno social-comunista que defiende una España plurinacional y, por tanto, concesiones ilimitadas a los independentistas y separatistas?. Ya sabemos la respuesta: nadie invertirá hasta saber el resultado.
Pero, ¿y si triunfase la oposición, cuánto tardará en formarse un nuevo gobierno, inevitablemente compuesto por PP + VOX, y cuánto tiempo necesitará para revertir/derogar leyes y medidas y aprobar otras nuevas?. ¿Cuánto tiempo tardarán los partidos derrotados en incendiar las calles y promover huelgas generales indiscriminadas?. ¿Cuándo se conseguirá la necesaria estabilidad para volver a invertir y para reanimar el consumo y las exportaciones?. Me temo que la paralización de la actividad se alargará hasta finales de 2023, desde luego a la espera de conocer los PGE 2024, como expresión de la política que desarrollará el nuevo gobierno.
¿Cuáles serán los impactos previstos en nuestra economía para 2023?: pérdida de entre un 0,5% y un 1% de crecimiento del PIB, lo que le situaría en el entorno del 1,3% - 1,5%, un déficit público entre el 4,1% - 4,6%, muy lejos del objetivo y las exigencias europeas, una deuda pública sobre PIB en el entorno del 115% - 117%, y una tasa de desempleo cercana al 14,5%. Tan solo es posible que se salvase la inflación, por el menor consumo y las menores importaciones. Pero la capacidad adquisitiva de los españoles se vería aún más mermada y la inseguridad y precariedad laboral harían subir la morosidad bancaria. Todo muy preocupante.
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