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El Gobierno de España y el de Navarra acuerdan reformar el Estatuto para expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de la Comunidad Foral

· En febrero, el Tribunal Supremo tumbó el intento del Gobierno central de aprobar la transferencia de tráfico a la Policía Foral a través de un Real Decreto

By Ricard López (Corresponsal en Pamplona)
sábado 27 de abril de 2024, 08:00h
El Gobierno de España y el de Navarra acuerdan reformar el Estatuto para expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de la Comunidad Foral
Ahora, el Ejecutivo de Sánchez y el de Chivite han acordado cambiar el Estatuto de Autonomía de Navarra para echar a los guardias civiles de las carreteras de la comunidad. A finales de 2022, Pedro Sánchez acordó con Bildu la expulsión de la Guardia Civil de las carreteras navarras. En aquel momento, el presidente del Gobierno necesitaba el apoyo de los abertzales en la votación de los Presupuestos, y, como siempre, la formación presidida por Arnaldo Otegi iba a ponerle una condición: la transferencia de la competencia de tráfico, que sostiene aún la Guardia Civil, a la Policía Foral. Sánchez aceptó, pero, pasado más de un año, el Tribunal Supremo tumbó la medida y, ahora, el Ejecutivo central ha llegado a un nuevo acuerdo con el Gobierno de Navarra para blindarla y que pueda aprobarse y entrar en vigor.

El 19 de febrero de este año, el TS, tras la presentación de un recurso por parte de JUCIL, anuló la medida por considerar que la forma de “Real Decreto” no era la adecuada para esta transferencia y que debía reformarse la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (la Lorafna, es decir, el Estatuto). La sentencia del Supremo afirmó queen la Lorafna se especifica que la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil y que la Policía Foral ejercía una función “auxiliar, subordinada, colaborativa o cooperación”.

El acuerdo alcanzado por ambos ejecutivos añadirá al artículo 49 de la Lorafna que "además de las facultades y competencias que viene ostentando, corresponden a Navarra la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico". Además, se especificará en el artículo 51 que será el cuerpo de la Policía Foral el que tome el mando de la competencia de tráfico.

Estas funciones tan solo las sostienen las policías autonómicas en el País Vasco y en Cataluña, pero Navarra siempre había reivindicado poder gozar también de esta competencia. Históricamente, el expresidente José María Aznar ya prometió al presidente de Navarra de aquel momento, Miguel Sanz (UPN), la trasferencia de este asunto a la policía autonómica. En 2018, Pedro Sánchez pactó con laexpresidenta navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), el traspaso de estas competencias para mayo de 2019.Las negociaciones quedaron aparcadas, peroen abril de 2023 el Gobierno central acordó con María Chivite, actual presidenta del Gobierno de Navarra, finiquitar al fin esta transferencia.El proceso comenzó en julio con un real decreto que en febrero del año siguiente el TS lo tumbó.

Ahora, el Gobierno central y el foral han acordado la modificación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) con la queel traspaso podría hacerse efectivo «a finales de año», según apunta ABC. Antes de que la reforma de la ley orgánica se haga efectiva, siendo un Estatuto autonómico, deberá pasar primero por sesión del Gobierno regionaly ser aprobada por el Consejo de Navarra. Luego, tendría que ser aprobada por el Parlamento de Navarra, elCongreso de los Diputados y el Senado. En la Cámara Foral, el Gobierno de María Chivite tiene mayoría simple junto a los dos partidos que lo sostienen, Geroa Bai y Contigo Zurekin. Sin embargo, siendo esta ley orgánica, necesitará mayoría absoluta (26), para la que sería necesario el apoyo de Bildu (con 9 escaños) o el de UPN (15), que ya apoyó en el pasado la transferencia, pero, probablemente, no quiera formar parte “del mercadeo del partido socialista”, tal y como expresó el presidente del partido Javier Esparza.

Y en Madrid, Pedro Sánchez contó con mayoría para ser investido y debería revalidarla para sacar adelante esta reforma estatutaria.

Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles subrayó que el cuerpo al que defienden no es “santo de devoción de este Gobierno”. “No ha habido día que no nos lo hayan dejado claro con sus acciones de desprecio hacia nuestra Institución”, añadió. Además, su portavoz, Domingo Medina, aseguró que se enteraron de este acuerdo “por la prensa”.

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