Entre las principales tareas se encuentran la recepción y traslado de notificaciones judiciales, la presentación de escritos elaborados por el letrado, la solicitud de certificaciones o documentos oficiales, y el seguimiento constante del estado de cada expediente judicial. Además, puede encargarse de la gestión de embargos, lanzamientos y otros actos procesales cuando así lo determina el juzgado. Su conocimiento del funcionamiento interno de los tribunales le permite actuar con rapidez y eficiencia en estos trámites.
A diferencia del abogado, cuya labor se centra en la estrategia jurídica y la defensa técnica del caso, esta figura se enfoca en el cumplimiento de los requisitos procesales. Esto incluye revisar que no haya omisiones en los escritos, que los plazos se respeten y que las comunicaciones entre las partes y el juzgado se realicen conforme a la ley. Esta colaboración entre los profesionales garantiza una actuación coordinada y evita retrasos por fallos administrativos.
Una de las preguntas frecuentes es si es necesario ser abogado. La respuesta es no. Aunque ambos deben haber cursado estudios en Derecho, el ejercicio del procurador requiere una habilitación profesional distinta. Tras obtener el título de Grado en Derecho, quien desee ejercer como tal debe realizar el Máster de Acceso a la Procura, aprobar el examen nacional correspondiente y colegiarse en el Colegio de Procuradores. No es obligatorio estar colegiado como el asesor legal ni ejercer como tal.
Cabe señalar que algunos profesionales deciden colegiarse en ambos colegios, pero no pueden ejercer ambas funciones en un mismo procedimiento. La normativa vigente prohíbe que una misma persona actúe a la vez como abogado y procurador de una misma parte dentro de un proceso judicial.
“Otra función relevante es asistir a determinadas diligencias judiciales, como vistas de ejecución o actos de comunicación, cuando así lo requiere el juzgado”, explica Ana Teresa Díaz Melguizo. También puede actuar como depositario judicial de bienes embargados, asumiendo la custodia de estos hasta que se resuelva el procedimiento. Estas tareas requieren responsabilidad y un conocimiento detallado del procedimiento civil y mercantil.
Su trabajo no siempre es visible para el cliente, pero su impacto es directo en la agilidad y formalidad del proceso. Aunque no mantiene una relación estrecha con el representado, sí colabora estrechamente con el abogado, lo que permite un flujo de trabajo organizado y profesional. Esta coordinación contribuye a una justicia más accesible y eficiente para los ciudadanos.
La profesión de procurador, aunque menos conocida por el público general, cumple funciones indispensables en el engranaje judicial. Contar con un profesional cualificado no solo es una exigencia legal en muchos procedimientos, sino también una garantía de que los trámites avanzarán con seguridad y dentro de los plazos establecidos. Su especialización técnica aporta valor al proceso y facilita que la justicia actúe de forma ordenada.
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