Robert Amsterdam ha presentado este martes junto con Christopher Wales, asesor de la Hacienda británica con Tony Blair y Gordon Brown, el informe Hacienda contra el Pueblo. España y la Ley Beckham, y ha advertido de que parten de clientes afectados por el tratamiento de Hacienda a los que se acogen a la Ley Beckham pero que también luchan contra las prácticas del Fisco español que afectan a todos los contribuyentes. "Montero y los demás en el Gobierno dicen que van a recaudar dinero de los ricos. Esto es basura, lo van a sacar de usted y yo, de la gente normal", ha advertido.
La ley de impatriados de 2003, modificada en 2014 para no favorecer a los deportistas como el inglés, David Beckham -de ahí que se la conozca como Ley Beckham– permite a los residentes extranjeros, normalmente trabajadores de alta cualificación, tributar con una serie de reglas especiales si no se quieren acoger a la contribución corriente en concepto de IRPF.
Los abogados Amsterdam y Wales acusan directamente a la AEAT de «abusos grotescos y violaciones sistémicas del Estado de derecho». Y avalan esta afirmación con testimonios recogidos en nuestro país, básicamente de personas extrajeras que vinieron a vivir a España y que en su día solicitaron el régimen de impatriados. La ley de impatriados de 2003, modificada en 2014 para no favorecer a los deportistas -de ahí que se la conozca como ‘ley Beckham‘- permite a los residentes extranjeros, normalmente trabajadores de alta cualificación, tributar con una serie de reglas especiales si no se quieren acoger a la contribución corriente en concepto de IRPF. Un régimen que ahora cuestionan por considerar que al recibir el certificado por parte de Hacienda, esta ya no tiene derecho a hacer revisiones posteriores.
Amsterdam y Wiles han cargado directamente contra el Ministerio y la AEAT, que no han respondido a sus cartas y peticiones de información y que justo este martes han respondido con unas cifras que creen que no se sostienen y no se explican por las publicaciones que la Agencia Tributaria ha distribuido entre algunos Medios antes de la rueda de prensa, sin esperar a ver lo que contaban, y han dudado de las versiones y datos que filtra el Gobierno.
No han querido dar datos sobre sus clientes y sobre los abogados y despachos españoles con los que trabajan, ya que han asegurado que hay miedo a significarse. Algunos rechazan trabajar con ellos por este motivo, otros exigen que no se sepa, han trasladado.
Robert Amsterdam y Christopher Wales afirman que Hacienda «es una vergüenza para España y una vergüenza internacional». «Y lo es, desde hace diez años, porque ha habido un cambio de planteamiento a la hora de trabajar y sus inspectores se han endurecido, con una tendencia significativa, más agresivos, y tratando a los contribuyentes como súbditos y no como ciudadanos».
A la espera de que el Ministerio de Hacienda responda a sus cartas, el comunicado de la Agencia Tributaria en el que se afirma que apenas el 0,5% de los controles se centra en impatriados no es suficiente para el despacho internacional. Es más, no quieren que sus acciones se reduzcan a los impatriados, sino también a españoles afectados por la actuación de Hacienda. De ahí que quieran «ayudar a todos los españoles para que este imperio del miedo se acabe».
Según su experiencia, los despachos de abogados y de fiscalistas tienen miedo a colaborar porque temen que la Agencia Tributaria tome represalias contra ellos y acabe abriendo un expediente investigador. Una reflexión que se escapa del razonamiento de las fuentes de Hacienda, que subrayan la exigida discrecionalidad con la que se tratan estos temas -de ahí el cuestionamiento del fiscal general del Estado por la presunta incursión en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tema que les preocupa a los ingleses-.
A la actuación de los inspectores el despacho internacional añade el tiempo que necesita la justicia para dirimir los casos denunciados por los contribuyentes, así como el coste de los procesos, abogados y de una demora que pueden ser 5 u 8 años.
El bufete Amsterdam & Partners LLP encuentra que la mayoría de los casos estudiados y de sus clientes comparten un patrón que se repite, y que pasa primero por la cronología. Es decir, siempre la auditoría se pone en marcha muchos años después de que el impatriado empezase a trabajar en España.
La segunda fase del «infierno» -sostienen- viene cuando al impatriado le dicen que su empleador es un engaño, un negocio falso creado para engañar a las autoridades tributarias, incluso si tiene empleados locales que pagan impuestos españoles y cotizan a la Seguridad Social.
Y por último, el escalón final que une los patrones. Y esto ocurre, señalan, cuando se advierte o amenaza al impatriado, por lo que es probable que se inicien procedimientos penales en su contra, una amenaza que suele abandonarse si el impatriado acepta hacer un trato o acta de acuerdo.
Según los autores del Informe, España lleva en deterioro constante desde hace 20 años, y el perjuicio que se causa a la Sociedad española con estos procederes "grotescos" se ha intensificado en los últimos 10 años.
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