Y Amsterdam & Partners han continuado su afrenta contra la Agencia Tirbutaria de la siguiente manera:
-"En nuestras cartas, les solicitamos una información sencilla que cualquier autoridad fiscal bien gestionada debería hacer pública. Les preguntamos sobre el proceso de inclusión de los impatriados en el régimen Beckham; les pedimos que nos dijeran cuántos años transcurren de media entre la emisión de un certificado al contribuyente y la notificación del inicio de una auditoría; les cuestionamos acerca de cuántas veces se ha utilizado la amenaza de procedimientos penales contra los contribuyentes bajo la Ley Beckham, y cuántas veces se han iniciado realmente tales procedimientos penales. No han respondido a ninguna de estas preguntas.
En su lugar, Hacienda se limita a emitir unas afirmaciones sin aparente fundamento, y carentes de evidencia que las apoye. Ni siquiera tratan de abordar las preguntas, serias y legítimas, que hemos formulado.
Nos gustaría sentarnos con la Dirección General y con su equipo para cotejar la documentación que demuestre que sólo se han realizado 185 auditorías y que el 70% se ha resuelto por acuerdo. Esos números sin contexto son muy poco convincentes.
Como muchos contribuyentes españoles, sabemos muy bien cómo se llega a un acuerdo con Hacienda. Nuestro informe muestra ejemplos de prácticas vergonzosas, así como del miedo y las coacciones que suelen facilitar este tipo de pactos. Lo sorprendente es que sólo hayan logrado intimidar al 70% de las víctimas, y que hasta un 30% se atreva a iniciar procesos de apelación.
Por otra parte, Hacienda parece decidida a mantener la opacidad en torno al fondo de bonificación de sus Inspectores. Tras una reclamación de la Asociación Española de Contribuyentes en 2020, Hacienda levantó parcialmente el velo sobre su sistema de bonificaciones; sin embargo, aún se desconocen datos cruciales.
Como ciudadanos, y no súbditos, los ciudadanos de España tienen derecho a saber qué incentivos reciben los inspectores de Hacienda, así como la procedencia de, por ejemplo, los más de 1.200 millones de euros en bonificaciones recientes.
Hacienda insiste en que dichos incentivos representan sólo el 1,4% de los salarios. No podemos conciliar esta cifra con ningún hecho conocido. Es hora de que la Dirección General sea transparente. El nuevo fondo de bonificaciones, firmado el mes pasado, asciende a 125 millones de euros. Para una organización con alrededor de 25.000 empleados, eso equivale aproximadamente a unos 5.000 euros por empleado. Si 5.000 euros fuera el 1,4% de su salario, el sueldo medio de cada empleado de Hacienda debería superar los 350.000 euros.
Habría que explicar esas cifras.
Los contribuyentes españoles tampoco saben ni quién aprueba esos fondos de incentivos ni en qué partida presupuestaria se incluyen, máxime cuando España lleva años sin aprobar unos Presupuestos Generales.
El trabajo que hemos iniciado va a continuar. Nos gustaría establecer un diálogo constructivo con la Agencia Tributaria y con el Ministerio de Hacienda. Dirigirse a nosotros a través de filtraciones a periodistas afines no mejora las perspectivas de resolución.
Si (
No(
