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Recogida de firma para evitar el impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España

· El impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento

jueves 15 de mayo de 2025, 11:26h
Recogida de firma para evitar el impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España
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Tras poco más de un mes desde su aprobación, ya se han alzado las primeras voces críticas. Muchos vecinos expresan su rechazo, al considerar que esta medida supone un encarecimiento en sus facturas mensuales, algo inasumible para numerosas familias. El efecto de esta nueva carga económica ya ha comenzado a sentirse en los recibos de millones de ciudadanos. Este hecho ha generado frustración entre aquellos que previamente se mostraban contrarios a otras disposiciones gubernamentales. En respuesta, han surgido movimientos de oposición contra la Ley 7/2022, que regula esta tasa. Aunque el argumento de fondo es el cuidado del medio ambiente, la aceptación general ha sido escasa.


¿Cómo se organiza la nueva tasa de basuras en España?

Antes de analizar en qué consiste la recogida de firma promovida por la ciudadanía, es esencial comprender que la aplicación del impuesto no será igualitaria en todo el país. Cada ayuntamiento tendrá competencias para definir los términos de cobro, adaptándolos a la realidad de su población y características locales.

Este tributo se calculará en función de varios factores: el valor catastral del inmueble, el nivel de consumo de agua y el número de empadronados. Por esta razón, el importe a pagar diferirá entre ciudades grandes como Madrid o Sevilla y otras más pequeñas como Teruel. Los defensores del sistema argumentan que esto permite una distribución más proporcional y adaptada a cada contexto urbano.

En aquellos municipios donde ya se está aplicando, el coste medio anual ronda los 80€. Si bien puede parecer un precio asumible desde la óptica del medioambiente, para muchas familias se traduce en un gasto mensual importante. Para ellas, esta suma representa una nueva barrera económica difícil de superar.

¿A quién afecta la nueva tasa de basuras aplicada en España?

Según la información publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien debe asumir el pago de esta tasa es quien ocupa la vivienda, es decir, el usuario del servicio. Por tanto, será el inquilino quien afronte este importe, independientemente de si es o no el propietario del inmueble.

Esta situación ha abierto el debate sobre la justicia del reparto. En muchos casos, los arrendatarios consideran que no deberían ser ellos quienes se encarguen del pago. Por el contrario, algunas voces apuntan a que es lógico que quien genera los residuos pague por su recogida. Esta falta de consenso ha generado una división de opiniones dentro del ámbito residencial.

Con el eslogan "quien contamina, paga", la campaña busca sensibilizar sobre el impacto medioambiental de nuestras acciones. Aunque el mensaje se ha repetido en numerosas ocasiones, parece que solo al verse reflejado en la economía doméstica cobra un valor real. Este tipo de medidas, con repercusión económica directa, suelen movilizar más que las simples campañas de concienciación.


¿En qué consiste la recogida de firma contra la tasa de basuras?

Como en otros episodios recientes, ante una normativa impopular, la sociedad civil se organiza en busca de soluciones. Ya sea con éxito o no, estas acciones ponen de manifiesto una actitud solidaria y el deseo de participar en decisiones que afectan a la convivencia. La tasa de basuras se ha convertido así en el último ejemplo de protesta viral por parte de la ciudadanía.

En Madrid, donde se espera que los primeros recibos se emitan en julio de 2025, ha comenzado una recogida de firma a través de Charge.org. El objetivo es claro: visibilizar las diferencias entre municipios y reclamar mayor justicia en la aplicación del impuesto. Muchas personas consideran que esta carga no debería ser igual en contextos tan dispares y que es hora de plantear otras alternativas.

Mientras tanto, hay ciudades como Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga que aún no están afectadas por la nueva normativa. Aunque esta situación podría cambiar pronto, por ahora permanecen al margen de la tasa, algo que resalta la desigualdad en la implantación de esta medida y deja abierta la puerta a un posible cambio.



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