Abel Marín, abogado y socio de Marín & Mateo Abogados, se muestra contundente respecto a esta ratificación: “debería alarmarnos”. “Esta reforma no es solo un desliz legislativo: es un torpedo a la libertad contractual, otro paso hacia una economía intervenida al más puro estilo soviético, donde el empresario ya no puede pactar libremente ni con el trabajador ni con la realidad”, asegura tajante.
El motor de la economía, “atado de pies y manos”
El Senado ha mostrado prácticamente un consenso total: 251 votos a favor, ninguna abstención y solo tres votos en contra. Marín analiza que “esto denota una unanimidad ideológica aplastante rechazada por un único grupo político”. Vox se mostró contrario a esta iniciativa e incluso presentó un veto al texto afirmando que se trata de una “mala herramienta jurídica”.
En palabras de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos y crítico de la sobrerregulación estatal, “este tipo de regulaciones asfixiantes son el preludio del colapso productivo”. Desde Marín y Mateo Abogados aseguran que “penalizar al que produce, invierte y arriesga, terminará provocando que las empresas cierren, se deslocalicen o dejen de contratar”.
Abel Marín valora que esta medida implica un cambio de paradigma que considera “contraproducente”: “El empresario pierde capacidad de decisión sobre la continuidad de una relación laboral que, por definición, se ha tornado inviable”, sentencia el letrado.
Un nuevo horizonte de riesgos
A través de esta nueva legislación, el foco está ahora en los empresarios. Con la entrada en vigor de esta reforma de ley, las empresas se ven obligadas a reservar hasta dos años el puesto de una persona que ha sido declarada incapacitada. Además, la carga probatoria recae así en ellas ya que, en caso de querer rescindir la relación laboral, deberán justificar la incompatibilidad laboral en un entorno administrativo y judicial que, según apuntan los expertos, “difícilmente le será favorable”.
Abel Marín vaticina que una medida así va a crear un nuevo paradigma de riesgos para la economía: por un lado “se minará el incentivo a contratar porque el despido se convierte en una odisea judicial” y, por el otro, “se favorecerá la contratación temporal o externalizada como vía de escape al riesgo regulatorio”.
Además, el abogado considera que se trata de una medida intervencionista “según la cual el empresario ya no puede decidir si el puesto que creó tiene sentido sin esa persona”. Para Marín, “es una iniciativa que judicializa aún más la gestión interna de recursos humanos y que convertirá la empresa en una institución asistencial”.
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