Esta movilización ha reflejado la preocupación social ante el aumento preocupante de casos de acoso escolar, fenómeno que sigue causando un grave impacto físico y psicológico en miles de menores en todo el territorio nacional. José Montero, CEO del despacho jurídico Montero de Cisneros Abogados, ha declarado: “Estamos ante una problemática social y jurídica que demanda respuesta inmediata”.
España necesita una ley clara, contundente y actualizada que no solo permita sancionar hechos de acoso, sino que asegure protocolos efectivos en los centros educativos, así como programas de prevención integrales.
La ley debe ser un instrumento para proteger a los menores y evitar la repetición de estas tragedias”.
Contexto y cifras alarmantes
La preocupación es avalada por datos oficiales y rigurosos estudios recientes que evidencian el aumento sostenido del acoso escolar en España. Según el informe conjunto de la Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR, publicado en 2025, el 12,3% del alumnado afirma sufrir acoso escolar, ya sea presencial, ciberbullying o una combinación de ambos. Esta cifra representa un incremento respecto al 9,4% del curso anterior, lo que subraya la urgencia de tomar medidas efectivas.
El mismo estudio indica que el 6,5% del alumnado sufre acoso escolar presencial, con un preocupante repunte en la violencia física, incrementándose en un 8,7% en comparación con el año anterior, y afectando mayoritariamente a estudiantes entre 11 y 12 años de edad.
Por otro lado, un estudio impulsado por la organización "Bullying Sin Fronteras", en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OCDE, destaca que España ocupa el primer lugar mundial en incidencia de acoso escolar, con alrededor de 300.000 casos registrados en el último año académico 2024/2025.
Un dato especialmente alarmante es que 8 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria han declarado haber sufrido alguna forma de bullying, cifra que supera la media internacional de manera significativa.
Además, el informe de la Fiscalía General del Estado revela que durante 2024 se detectaron 1.196 casos formales de acoso escolar, aunque la disparidad en la comunicación y registro de estos sucesos entre Comunidades Autónomas evidencia la necesidad de unificar criterios y protocolos a nivel nacional para garantizar una intervención eficaz y coherente.
Las consecuencias del acoso
El impacto del bullying no se limita a un daño momentáneo; sus efectos a largo plazo pueden ser devastadores. Expertos en salud mental advierten que el acoso escolar está estrechamente vinculado a trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y, en casos extremos, el suicidio. Un estudio reciente subraya que la reiteración del maltrato prolongado puede consolidar un estado de salud mental grave en niños y adolescentes, afectando su desarrollo personal y social.
La sentencia jurídica que se pretende impulsar tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales de los niños y adolescentes: la integridad física y moral, el derecho a la educación en un entorno seguro, y la protección frente a cualquier forma de violencia basada en la discriminación o el abuso.
Declaraciones oficiales y marco legal actual
Actualmente, la legislación española se apoya en diversos artículos del Código Penal y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, aunque no existe una ley única y específica que regule y actúe directamente sobre el acoso escolar y el ciberbullying, lo que dificulta la aplicación uniforme y efectiva en todos los centros educativos del país.
Según José Montero: “Es fundamental que se establezcan protocolos normalizados y obligatorios para la detección, intervención y sanción del acoso escolar.
Además, deben implementarse programas de formación para docentes y campañas de concienciación para familias y alumnado, para combatir esta lacra desde la raíz”.
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