Adolfo Suarez, Manuel Fraga, Felipe Gonzalez y Jose Maria Aznar, mantuvieron unas relaciones constitucionales y democráticas. Eso no excluye que Suarez fuera responsable de una actitud débil con ETA que llevó al 23F. Gonzalez a su vez dio una gran patada al Estado de Derecho al modificar la Ley del Consejo General del Poder Judicial, haciendo que la elección de sus 20 consejeros se depositase totalmente en el Poder Legislativo, decisión que no ni por Rajoy cuando tuvieron mayoría absoluta. Por su parte, Aznar, para lograr su primera investidura, hizo demasiadas concesiones al catalanismo de Pujol, y no supo enmendarlas tras su segunda investidura, en la que tuvo mayoría absoluta.
A pesar de ello. Respetaron, en general, la Constitución y parecía que la convivencia democrática, aun con disparidades y dificultades, estaba consolidada. Lamentablemente todo eso se dio al traste con la llegada de Zapatero y no fue enmendado por Rajoy cuando tuvo mayoría absoluta.
En la actualidad la situación es mucho peor. Sánchez posee la legitimidad formal constitucional pues ha logrado ser investido por el Congreso con mayoría absoluta. Sin embargo, incurrió en gravísimos incumplimientos de lo que decía en los periodos preelectorales “era rebelión” “no a la amnistía” “no dormiría tranquilo con Iglesias en la Moncloa” “nunca pactaré con los independentistas” “con Bildu no voy a pactar”. Todo ello lo ha colocado en una situación de falta de legitimidad ante sus votantes a los cuales ha engañado. Además, gobierna sin aprobar los Presupuestos Generales desde el 2023 y ha llevado a España a una situación política muy grave, que afecta al Estado de derecho y a la propia unidad de la nación. Solo ganando unas nuevas elecciones podría decir que sus “cambios de opinión” tienen el apoyo del pueblo, pero no tiene la menor intención de convocarlas.
Por ello toda oposición auténtica a Sanchez, no puede contentarse con decirle que “Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad” Es muy adecuado acusarlo públicamente de haber mentido en sus programas políticos electorales, pero es necesario decir a los españoles qué medidas concretas pondría en marcha esa oposición al llegar al gobierno. En mi opinión debería, al menos, incluir las cinco siguientes:
Primero. Recuperar el espíritu de reconciliación que inspiró la transición política en la que se acordó dar por superado el tema de la guerra civil. La ruptura más grave de ese principio la inició Zapatero al hacer aprobar la Ley de Memoria Histórica en 2007 que ahora ha sido revalidada y profundizada por Sánchez en 2022. Cualquier oposición que se precie de serlo debe anunciar que, inmediatamente, tras llegar al poder derogará esa ley guerracivilista.
Segundo. Declarar, sin ambigüedades, que el Estado derecho requiere la independencia de los tres Poderes y, en particular, la independencia del Poder Judicial. Esto fue violentado por Felipe González al modificar la LOPJ de 1980 y sustituirla por la de 1985, lo que puso en manos del Legislativo, Congreso y Senado, la elección de todos los miembros del Consejo General del Poder judicial. Cuando posteriormente el Partido Popular alcanzó el poder, con mayorías absolutas de Aznar y posteriormente de Rajoy, no modificó esa forma de elección del CGPJ.
Por tanto, es imprescindible anunciar que se va a corregir la situación actual y a devolver la independencia al Poder Judicial, para lo cual, de forma inmediata tras llegar al poder, hay que volver al sistema de elección, de los miembros del CGPJ, anterior a 1985. Asimismo, habría que anunciar que se eliminarán las puertas giratorias que permiten que miembros del Poder Judicial puedan pasar al Legislativo o Ejecutivo y después retornar al Poder Judicial, porque ello evidentemente rompe la independencia del Poder Judicial
Tercero. Recordar que “la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación española”. Toda oposición auténtica, debe dejar claro que eso será un elemento incuestionable y que la presencia de los símbolos de España, banderas e instituciones, quede normalizada en todo el territorio nacional, sin excepción alguna. Asimismo, se dejará claro que, toda representación de las Comunidades Autónomas en el exterior, quedará bajo la clara dependencia de las correspondientes Embajadas de España.
Cuarto. Manifestar que la lengua común y propia de todos los habitantes de España, es el español, si bien en algunos territorios coexisten otras lenguas que también son propias de esos territorios. La Constitución establece que todos los españoles tienen el deber de conocer el español, así como el derecho a usarlo. Por tanto, toda oposición auténtica a Sánchez, debe anunciar que, en toda España, en todos los niveles de enseñanza, se podrá estudiar en español, como establecía la Constitución de la República de 1931. Lo cual no excluye que pueda darse la enseñanza también en las lenguas regionales.
Asimismo, el conocimiento del español será suficiente para el desempeño de puestos en todas las Administraciones de España, salvo para casos excepcionales que requieran inapelablemente el conocimiento de la lengua regional. El deber de atender en la lengua regional debe considerarse un deber de cada Administración en su conjunto, como decía la Sentencia sobre la LOAPA en su fundamento jurídico 42, pero no un deber de todos y cada uno de los titulares de los puestos públicos.
Cinco. Modificar la ley Electoral ya que una auténtica democracia debe impedir que grupos minoritarios, a cambio de apoyar una investidura, reciban concesiones y privilegios que no aparecían en los programas electorales de los partidos que pretenden gobernar. Por ello es necesario reformar la Ley Electoral para que exija, en todos los niveles nacional, autonómico o local, que los partidos tengan una participación suficiente, mínimo del 5%, para poder tener representación en cada una de esas circunscripciones.
En resumen, la situación política actual se aleja cada día más de lo que postula nuestro Preámbulo constitucional: “garantizar la convivencia democrática”, “el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”
Por ello ningún partido puede presentarse como una oposición auténtica a Sánchez si no asume estas cinco medidas:
1.- No al guerracivilismo, sí a la Reconciliación
2.- Sí, sin ambigüedades, a la independencia del Poder Judicial
3.- La unidad de la nación española es el fundamento de la Constitución
4.- El español, lengua vehicular en la enseñanza y en la Administración en toda España, sin desdoro de las lenguas regionales
5.- Ley electoral que exija un mínimo del 5% de votos, a escala nacional para poder tener representación en Congreso de Diputados.