Su uso se ha extendido de manera sostenida durante los últimos años. Mientras que hasta 2023 alrededor de 15.000 personas habían recurrido a este mecanismo, solo en 2024 más de 25.000 ciudadanos iniciaron el proceso, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tendencia refleja un cambio en la percepción pública de este recurso, que antes era poco conocido y que, hoy, se presenta como una alternativa concreta para quienes no encuentran otra vía.
En este contexto, la expresión Ley segunda oportunidad en Guadalajara aparece con mayor frecuencia en consultas legales y en el seguimiento de casos que se tramitan en la región. Profesionales especializados señalan que la mayoría de las solicitudes provienen de personas que enfrentan deudas acumuladas por pérdida de empleo, cierre de actividades económicas o dificultades para sostener los gastos básicos. El incremento se vincula también a una mayor difusión de la normativa y a la simplificación de ciertos procedimientos administrativos, lo que facilita el acceso a quienes no disponen de recursos para afrontar un proceso judicial complejo.
Una de las razones que explican este crecimiento es la falta de estabilidad económica que afecta a amplios sectores. Muchas familias han visto reducido su poder adquisitivo y, en paralelo, aumentaron los gastos cotidianos. En este escenario, algunos ciudadanos se enfrentan a deudas que evolucionan con rapidez y que resultan imposibles de cubrir con ingresos regulares. El mecanismo ofrece un marco que permite reorganizar o eliminar determinados compromisos financieros cuando se verifica la imposibilidad real de pago. Para quienes atraviesan este tipo de situaciones, la normativa funciona como un espacio para revisar su situación y obtener un alivio formal.
Otro factor relevante es la mayor intervención de asociaciones de consumidores, despachos especializados y entidades que brindan asesoramiento. Durante años, permaneció en un segundo plano debido al desconocimiento general y la percepción de que el trámite era demasiado extenso. Sin embargo, campañas informativas y la presencia de casos conocidos han logrado instalar la temática. Abogados dedicados a esta área indican que hoy es habitual que personas sin experiencia previa en procesos legales se acerquen para realizar consultas, lo que marca un cambio cultural en la forma de enfrentar problemas de endeudamiento.
La modificación de ciertos criterios jurisprudenciales también ha contribuido al aumento de solicitudes. Los juzgados han ido clarificando aspectos esenciales del procedimiento, especialmente en relación con la buena fe del deudor y la exoneración del pasivo. Esto ha generado mayor seguridad jurídica y ha dado confianza a quienes dudaban en iniciar el proceso. En este sentido, desde Borlan Abogados, expresan: “La interpretación más uniforme permite prever tiempos, requisitos y resultados con mayor precisión. En la práctica, esto reduce la incertidumbre y favorece que más personas tomen la decisión de acogerse a la ley”.
Pese a los avances, expertos reconocen que aún existen desafíos. Entre ellos, la falta de conocimiento profundo en algunos sectores de la población, la duración variable del procedimiento y la necesidad de fortalecer la educación financiera para evitar nuevos ciclos de endeudamiento. Sin embargo, el crecimiento sostenido en el número de personas que acceden al proceso indica que la normativa está cumpliendo una función social relevante y que trabaja en beneficio de quienes atraviesan momentos económicos difíciles.
El interés creciente por este mecanismo demuestra que más personas encuentran una vía para recuperar estabilidad y diseñar un nuevo comienzo. La evolución del uso de la ley refleja un cambio en la forma de abordar las dificultades económicas y abre una perspectiva más clara para quienes buscan resolver su situación con herramientas legales y acompañamiento profesional.
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