Un presidente sin respuestas
Lo que esperaban los españoles —y muy particularmente las víctimas y sus familias— era claridad. Querían saber qué ha fallado. Si ha habido negligencia. Si los sistemas estaban revisados. Si el mantenimiento se ha recortado. Si se mintió cuando se aseguró que determinados tramos estaban completamente renovados.
En lugar de eso, el presidente optó por el viejo manual: diluir la responsabilidad, escudarse en tecnicismos y acusar implícitamente a la oposición de instrumentalizar el dolor.
No dio datos concretos.
No asumió ni una sola responsabilidad política.
No anunció ceses.
No pidió perdón.
Y lo más grave: contradijo o, al menos, no aclaró las afirmaciones previas del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ya había ofrecido una versión que con el paso de los días ha quedado, como mínimo, en entredicho.
Cuando el Gobierno se ve obligado a rectificar, a matizar o a esconder informes técnicos, la confianza ciudadana se evapora. Y sin confianza, cualquier infraestructura —por moderna que sea— se convierte en una amenaza psicológica permanente.
Cataluña y el silencio cómplice
Especial inquietud generan las infraestructuras ferroviarias en Cataluña. Años de abandono, de incidencias constantes, de retrasos crónicos y de falta de inversión real han convertido lo que debería ser un servicio público esencial en una fuente diaria de frustración.
Sin embargo, ni una palabra clara. Ni un reconocimiento del deterioro. Ni una autocrítica.
Lo único que escuchamos fue una defensa corporativa del sistema, casi ofensiva para quienes cada día sufren retrasos, averías, trenes detenidos en mitad de la nada.
Cuando un Gobierno defiende más su relato que la seguridad de los viajeros, hemos cruzado una línea roja.
47 muertos y ni una dimisión
Mientras tanto, en el país vecino, la ministra del Interior de Portugal presentó su dimisión tras la pésima gestión de unas borrascas que dejaron víctimas y una evidente sensación de descontrol.
En España, con 47 fallecidos —46 en Adamuz y uno más en un tren de cercanías en Barcelona, un maquinista— no ha dimitido nadie.
Nadie ha asumido responsabilidad política.
Nadie ha ofrecido su cargo.
Nadie ha considerado que la dignidad institucional exige dar un paso atrás.
Al contrario: el Gobierno se atrinchera. Y algunos portavoces han llegado a insinuar que la crítica es “irresponsable” o fruto de la “ultraderecha”.
Es decir, el problema no es el accidente.
El problema no es la gestión.
El problema es que alguien critique al Ejecutivo.
Los socios, mudos y alineados
Y luego está el papel de los socios parlamentarios. Ni una sola crítica. Ni una sola exigencia de responsabilidades. Ni una sola petición de comisión independiente sin control gubernamental.
Todos alineados con el Gobierno. Todos repitiendo argumentario. Todos protegiendo la mayoría parlamentaria antes que la verdad.
¿Dónde queda el supuesto espíritu fiscalizador del Parlamento?
¿Dónde están quienes clamaban contra la falta de transparencia en otras épocas?
La respuesta es obvia: la supervivencia del Ejecutivo está por encima de cualquier otra consideración.
La soberbia como forma de gobierno
Lo que vimos el pasado miércoles, no fue sólo una sesión de control. Fue una exhibición de soberbia. La actitud del presidente fue la de quien se sabe blindado por sus apoyos y convencido de que el desgaste mediático se diluirá con el paso de los días.
Hay una peligrosa normalización del desastre. Una resignación impuesta. Una narrativa que pretende convencernos de que estas cosas “ocurren” porque sí, porque la red es grande, porque el país es complejo.
No.
Las tragedias no son inevitables cuando hay prevención.
Los fallos no son inevitables cuando hay mantenimiento riguroso.
Los errores no son inevitables cuando hay responsabilidad política.
Lo que sí parece inevitable es que este Gobierno jamás asuma culpa alguna.
De víctimas a culpables
Y, como siempre, el giro final: la culpa la tienen los demás. La oposición por “alarmar”. Los medios críticos por “exagerar”. Los ciudadanos por “politizar”.
Incluso, en el fondo, los propios viajeros. Porque si todo está bien, si el sistema es ejemplar, si el Gobierno lo ha hecho todo correctamente, entonces la tragedia es casi un accidente meteorológico, un azar estadístico.
Ese es el mensaje implícito. Y es inaceptable.
Un país anestesiado
España asiste atónita a una degradación democrática alarmante. Se miente en sede parlamentaria. Se cambia la versión de los hechos. Se elude la responsabilidad política. Se ataca al crítico. Se protege al dirigente.
Y, mientras tanto, miles de ciudadanos volverán mañana a subirse a un tren con la duda instalada en el estómago.
La confianza no se reconstruye con frases vacías ni con comparaciones tramposas. Se reconstruye con verdad, con transparencia y, cuando toca, con dimisiones.
Si montar en un tren no puede ser un acto rutinario, sino una apuesta estadística, hemos fracasado como país.
Y lo más preocupante no es sólo el accidente.
Lo más preocupante es un Gobierno que considera que no tiene que responder ante nadie.
Esa es la verdadera tragedia institucional que el pasado 11 de febrero, ha quedado al desnudo en el Parlamento.
Si (
No(
