La buena noticia, y la verdad es que ya era hora, es que la Justicia ha decidido poner un poco de cordura. El Tribunal Supremo y varios Tribunales Superiores han empezado a dictar sentencias que son auténticos balones de oxígeno: Hacienda no puede prolongar una inspección de forma artificial si el contribuyente está "enfermo" financieramente. Es un "hasta aquí hemos llegado" contra la táctica del desgaste.
El ladrillo, ese rehén de la burocracia
El impacto de esto en el mercado inmobiliario es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. No estamos hablando solo de papeles; hablamos de activos que se quedan congelados. Y es que, cuando una persona tiene una inspección abierta que se alarga más de los 18 meses habituales (o los 27 en casos de gran complejidad), su patrimonio inmobiliario queda, en la práctica, secuestrado.
¿Quién se atreve a vender un piso o un local si no sabe cuánto le va a reclamar el Fisco al final del proceso? ¿Qué banco te va a renovar una póliza de crédito con una espada de Damocles fiscal sobre la cabeza? Se estima que en España hay actualmente más de 45.000 actuaciones de control sobre patrimonios inmobiliarios. Muchas de estas inspecciones actúan como un tapón que impide que el dinero circule, asfixiando a propietarios que, paradójicamente, tienen ladrillos pero no tienen liquidez para pagar la luz.
Las cifras de una asfixia silenciosa
Si rascamos un poco en los datos, la realidad es cruda. El año pasado, la Agencia Tributaria sacó pecho con una recaudación cercana a los 19.000 millones de euros gracias a sus labores de control. Es una cifra astronómica, sí, pero lo que no suelen contar es el rastro de "cadáveres financieros" que deja por el camino.
Casi un 15% de los contribuyentes que pasan por el filtro del inspector están en una situación de vulnerabilidad económica grave. Para ellos, una prórroga injustificada de la inspección no es un trámite administrativo; es la puntilla final. Es ver cómo tu deuda crece por los intereses de demora mientras un técnico pide papeles que ya tiene, simplemente para ganar tiempo. La Justicia ahora dice que ese tiempo tiene un límite y que la administración no puede ser la causa del hundimiento definitivo de un ciudadano.
Un cambio de ritmo hacia el futuro
Lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma. Ya no vale con que el inspector diga que "el caso es muy difícil" para estirar el proceso. Ahora, si quieren prorrogar, tienen que demostrarlo con hechos, no con frases hechas. Esto va a traer consecuencias directas que ya empezamos a notar:
- Adiós a la arbitrariedad: los procesos deberán ser más ágiles. Esto significa que miles de inmuebles que hoy están "en el limbo" por miedo a las consecuencias fiscales, saldrán al mercado, aportando una liquidez que el sector inmobiliario necesita desesperadamente para 2026.
- Seguridad jurídica real: el contribuyente recupera el derecho a saber cuándo termina su calvario. No se puede vivir en un estado de sospecha permanente, especialmente cuando tus recursos son escasos.
- Un trato más humano: al final, se trata de reconocer que detrás de cada expediente hay una realidad económica que puede ser frágil. La Justicia está recordando a Hacienda que su labor es recaudar, no aniquilar a quien ya está contra las cuerdas.
La verdad es que este freno judicial es un recordatorio necesario de que las reglas del juego son para todos. Porque perseguir el fraude es vital para que el sistema funcione, pero hacerlo a costa de la supervivencia financiera de los ciudadanos es, sencillamente, cruzar una línea roja que ya nadie debería permitirse.
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