La gestión de la incapacidad temporal se comparte entre servicios públicos de salud, Instituto Nacional de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras, empresas y personas trabajadoras, y los expertos inciden en que hay que poner el foco en los problemas de coordinación, sostenibilidad y equidad del modelo vigente.
Joaquín Merchán destacó que “el acuerdo para solucionar este importante problema, donde lo primero debe ser la salud de las personas trabajadoras, requiere de más coordinación, más medios, más inversión en prevención y en bienestar y un mayor protagonismo de las injustamente denostadas Mutuas de Accidentes de Trabajo”.
En el debate se examinó el marco normativo actual, incluidas las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1060/2022 en el Real Decreto 625/2014, así como la Ley 2/2025, que incide en la incapacidad permanente y su relación con la incapacidad temporal. Pese a los avances regulatorios, persisten “desajustes estructurales que todos juntos y de forma cohesionada, sin visiones partidistas, tenemos que solucionar”, matizó Merchán.
Actualmente, existe una disociación competencial entre los servicios de salud, responsables de la calificación médica, y las entidades gestoras y mutuas, encargadas de la prestación económica, unido a la multiplicación de servicios médicos intervinientes y la falta de una ordenación clara y armónica entre esta incapacidad y otras contingencias, como el desempleo o la maternidad y paternidad.
Tras la pandemia se han evidenciado las limitaciones del esquema tradicional y la necesidad de modernizar el modelo de gestión, que pasan por reducir cargas burocráticas, reforzando la seguridad jurídica y garantizando una protección social adecuada y coherente para las personas trabajadoras.
Joaquín Merchán ha reivindicado que “la incapacidad temporal no es apocalíptica, sino crítica, marcada por desequilibrios financieros, estructurales y normativos. Y los Graduados Sociales tocamos todos los días el barro de las Relaciones Laborales. Sabemos de lo que estamos hablando. Y estas Relaciones tienen que estar basadas en la confianza y en el respeto”.
El Presidente del Consejo comentó que “para buscar soluciones, lo primero es que hay que mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal, agilizándose la digitalización y estableciendo protocolos e implantando la incorporación progresiva. Así como también, invertir en salud y prevención”.
Ante esta problemática, Joaquín Merchán está manteniendo reuniones con la ministra Elma Saiz, a quien le ha solicitado la necesidad de la creación de una Ley de Eficiencia Administrativa para la Seguridad Social, como se hizo anteriormente en el ministerio de Justicia. Y le ha trasladado la necesidad de formar parte de las mesas de estudio que realiza este ministerio.
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