Merchán detalló que la orden, publicada el 31 de marzo, obliga a recalcular las nóminas de marzo y a presentar en abril liquidaciones complementarias, mientras la Seguridad Social asume de oficio enero y febrero. Este desfase, subrayó, genera “un trabajo inmenso” en una semana especialmente delicada, coincidente con la Semana Santa, y ha obligado a muchos despachos a trabajar incluso en festivos.
El presidente fue especialmente contundente al describir el desgaste acumulado del sector y advirtió de que “la paciencia se agota”, porque se trata de una forma de legislar que se viene reproduciendo de manera continua desde la pandemia.
La seguridad jurídica, en el centro del problema
Más allá de la sobrecarga operativa, Merchán puso el foco en la inseguridad jurídica que provoca esta retroactividad sobre empresas, trabajadores y profesionales. A su juicio, empresarios y personas trabajadoras deben conocer desde el 1 de enero tanto el salario aplicable como el coste real de cotización asociado. Alterar esas condiciones tres meses después rompe la previsibilidad básica con la que operan especialmente pymes, autónomos y micropymes, que representan la mayor parte del tejido productivo. El presidente insistió en que esta forma de legislar afecta directamente a la gestión de 22 millones de personas trabajadoras, a cerca de dos millones de perceptores del SMI (o 2,5 según afirmaciones del Gobierno) y al sistema de cotización que sostiene la Seguridad Social. “Cuando hacíamos las nóminas a lápiz y papel había más seguridad jurídica que ahora que está todo digitalizado y tendría que ser todo más sencillo”, sentenció Merchán.
“Estamos siendo cuidadores de la Seguridad Social”
Uno de los mensajes con mayor carga simbólica de la comparecencia fue la descripción del papel que están asumiendo los despachos profesionalizados. Merchán aseguró que el colectivo ha dejado de ser un mero colaborador del sistema para convertirse, en la práctica, en quien absorbe y resuelve sus disfunciones diarias. En una de las frases más gráficas de la rueda de prensa, afirmó que “la palabra colaboradores se ha convertido en cuidadores: estamos siendo cuidadores de la Seguridad Social”.
Ese esfuerzo, añadió, no solo repercute en costes económicos para empresas y despachos, sino también en un coste psicológico y de salud laboral que afecta tanto a los 17.000 profesionales colegiados como a las aproximadamente 70.000 personas trabajadoras de los despachos.
Coste para pymes, pero sobre todo falta de previsión
En respuesta a las preguntas de los periodistas, Merchán reconoció que este escenario genera un coste adicional que termina repercutiéndose a las empresas, especialmente a pequeñas y medianas compañías y autónomos.
Sin embargo, introdujo un matiz relevante: para el tejido empresarial, el principal perjuicio no es únicamente económico, sino la imposibilidad de saber desde enero “qué partido están jugando”, es decir, cuáles serán sus costes salariales y de Seguridad Social durante el ejercicio.
Por ello, defendió una solución práctica: mantener la retroactividad en el salario, pero evitarla en las cotizaciones, de forma que estas entren en vigor solo desde la fecha de aprobación de la norma.
El foco político: sacar el SMI de la confrontación
Merchán situó el origen de esta situación en el retraso con el que se negocia el salario mínimo y señaló directamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social como el punto donde debe corregirse la disfunción. Reclamó que la negociación se adelante al último trimestre del año y vuelva a descansar en el consenso entre Gobierno, sindicatos y empresarios, recuperando el espíritu del diálogo social.
En uno de los mensajes más relevantes de la rueda de prensa, defendió que “el salario mínimo interprofesional no puede estar en el campo del juego político”, sino en el acuerdo entre los agentes sociales.
Una llamada a la tranquilidad institucional
El presidente amplió además su reflexión al ámbito de los pensionistas, al considerar que las subidas de pensiones tampoco deberían verse contaminadas por la presión política ni por retrasos que generen incertidumbre.
Recordó que 10 millones de pensionistas necesitan estabilidad y tranquilidad, del mismo modo que empresas y trabajadores requieren reglas claras desde el primer día del año. Merchán cerró su intervención reivindicando la función pública y social del colectivo de graduados sociales, al que definió como garante cotidiano de la justicia social en la gestión de trabajadores, autónomos, empresas, migrantes y pensionistas.
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