La reducción de la oferta de alquiler es uno de los aspectos que más preocupan, porque cuanto menor es la cifra de viviendas en alquiler, mayor es el impacto sobre quien menos tiene.
Los criterios de elección de inquilino tienden a priorizar la solvencia. Así, si por cada vivienda en alquiler concurren más de 100 potenciales inquilinos, se reducen drásticamente las oportunidades de acceso para los perfiles con menos recursos. Esta situación es especialmente preocupante en las grandes ciudades, donde se ha creado una nueva figura: la del “no inquilino”. Perfiles que difícilmente podrán acceder a una vivienda de alquiler, si no empezamos a trabajar en nuevas soluciones.
Para revertir esta situación, y conseguir avanzar hacia un mercado del alquiler más accesible y con mayor oferta, es imprescindible recuperar la confianza e incentivar a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado, con políticas de vivienda que protejan a los inquilinos, especialmente a los más vulnerables, pero que también ofrezcan garantías a los propietarios.
El Banco de España estima que se necesitan 700.000 viviendas de alquiler más para hacer frente a la demanda, una brecha que ejerce una presión significativa sobre los precios. La situación es muy crítica en las capitales de provincia, como Madrid o Barcelona, donde la presión para acceder a una vivienda de alquiler es aún mayor.
En España, el propietario particular es un actor esencial, del que apenas se habla. Se calcula que el 90% de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños ahorradores, que complementan sus ingresos con las rentas por alquiler. Sin embargo, los efectos de la desconfianza generada como consecuencia de determinadas políticas —que, además, por ahora no han logrado facilitar el acceso a la vivienda— se intensifican: menos propietarios dispuestos a alquilar significa menos viviendas disponibles, más tensión entre la oferta y la demanda y, lo que es peor, más dificultades para las personas con menos poder adquisitivo.
Por todo ello, tal y como propone la Unión Europea desde distintas instanacias a los Estados miembros, es imprescindible aumentar la disponibilidad de vivienda en alquiler. Por ejemplo, con ventajas fiscales -como la reducción del IRPF para pequeños propietarios que firmen contratos de larga duración y mantengan rentas razonables–; procedimientos rápidos para casos de impagos (con salida social cuando haya vulnerabilidad acreditada); protocolos de atención a los perfiles con menor solvencia financiados por la Administración, o medidas como el “sello del buen propietario”, con ventajas públicas asociadas. Estos son solo algunos ejemplos de políticas que podrían favorecer el aumento de oferta de pisos en alquiler.
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