Las botellas desaparecieron de las estanterías. Los robos empezaron a ser noticia. Ni siquiera la eliminación del IVA bastó para proteger a los hogares de unos precios que poco tenían que ver con lo que percibían los agricultores en origen.
La crisis se ha ido aliviando con cosechas mejores, pero la lección de fondo permanece: cuando la cadena de suministro es estrecha y un solo producto sufre estrés, quienes pagan la factura son los consumidores.
España debería tener muy presente esa lección antes de apoyar enfoques regulatorios sobre el aceite de palma que, más allá de sus intenciones declaradas, terminan restringiendo la oferta, trasladando el riesgo a otros lugares y encareciendo la cesta de la compra precisamente a quienes menos margen tienen Bien regulado,el aceite de palma puede ayudar a aliviar el coste de muchos alimentos que hoy dependen de otros aceites..
El aceite de palma está presente en más de la mitad de los productos envasados que vemos en el supermercado: pan, bollería, chocolate, cremas, pero también champú, detergente y productos de limpieza del hogar. No está ahí por casualidad, sino porque es extremadamente eficiente.
Los datos de la FAO recopilados por la plataforma Our World in Data muestran que producir una tonelada de aceite de palma requiere unas 0,3 hectáreas de tierra, frente a las 1,4 hectáreas necesarias para la misma cantidad de aceite de girasol o de colza, o las 3,7 hectáreas que exige el aceite de coco.
En otros términos, el aceite de palma aporta alrededor del 36% de la producción mundial de aceites vegetales utilizando menos del 6% de la superficie dedicada globalmente a cultivos oleaginosos. Si quisiéramos sustituirlo por la siguiente alternativa más extendida, el aceite de soja, sería necesario dedicar unos 204 millones de hectáreas adicionales en todo el mundo, aproximadamente seis veces la superficie de España. Esa tierra tendría que salir de algún sitio, y las especies, ecosistemas y comunidades que hoy dependen de ella serían quienes asumirían el impacto.
No se trata de hacer una defensa de la producción sin límites. Es, sencillamente, una constatación básica de economía de sustitución. Cuando se presenta la prohibición o expulsión del aceite de palma como una victoria ambiental, pocas veces se explica hacia dónde se desplaza la presión cuando desaparece de la cadena de suministro. No se evapora: se traslada a cultivos que, en muchos casos, requieren más tierra, más agua y más insumos. La factura ambiental no se anula; se traslada a otra parte del planeta.
Además, la realidad del aceite de palma que llega a Europa es bastante mejor de lo que su reputación sugiere. Un informe conjunto de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), la European Palm Oil Alliance y la organización IDH indica que el 93% del aceite de palma importado por los países europeos está certificado como sostenible, lo que convierte a Europa en el mayor mercado mundial de aceite de palma certificado.
La preocupación inicial por la deforestación, que dominó muchos de los primeros debates, también ha cambiado de signo en los principales países productores. Los datos de la plataforma Global Forest Watch muestran que Malasia, el segundo productor mundial, ha reducido su pérdida de bosque primario en torno a un 57% entre los periodos 2015‑2017 y 2020‑2022 y ha salido del grupo de los diez países con mayor pérdida de selva tropical en 2024. No son cifras del sector, sino mediciones por satélite realizadas por la Universidad de Maryland y publicadas a través del World Resources Institute.
Tampoco la historia sanitaria es tan sencilla como sugieren algunos mensajes comerciales. El aceite de palma ha quedado encasillado como “grasa poco saludable” a causa de su contenido en grasas saturadas. Sin embargo, la literatura científica no avala de forma tan tajante esa etiqueta.
Una revisión publicada en una revista médica de gastroenterología concluía que el ácido palmítico, la principal grasa saturada del aceite de palma, tiene efectos sobre el perfil lipídico comparables a los del ácido oleico, la grasa monoinsaturada predominante en el aceite de oliva, y que el consumo de aceite de palma dentro de una dieta equilibrada no implica un riesgo cardiovascular añadido frente a otras grasas vegetales.
No se trata de afirmar que el aceite de palma sea “mejor” que el de oliva —una comparación simplista que no hace justicia a ninguno de los dos—, sino de reflejar con rigor lo que dicen los ensayos clínicos.
A esto se suma que el aceite de palma, sobre todo en sus versiones cruda y roja, aporta propiedades nutricionales que prácticamente nunca aparecen en el debate público. Es una de las fuentes más concentradas de carotenoides, precursores de la vitamina A que contribuyen a la función inmunitaria y a la salud visual, y es especialmente rico en tocotrienoles, una forma de vitamina E que el organismo no puede sintetizar y debe obtener mediante la dieta.
Una revisión reciente de ensayos clínicos aleatorizados apunta a efectos medibles de las fracciones ricas en tocotrienoles derivados del aceite de palma sobre parámetros cardiovasculares, neurológicos y metabólicos. Otros trabajos publicados a través de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señalan que el alfa‑tocotrienol de origen palmero es una de las formas de vitamina E con mayor actividad neuroprotectora, algo que no comparten otros miembros de la misma familia vitamínica.
Nada de esto resta mérito al modelo alimentario mediterráneo. La dieta mediterránea se ha ganado su prestigio con razón, y el aceite de oliva es uno de sus grandes pilares. La contribución de España a esa cultura gastronómica, y al abastecimiento mundial de aceite de oliva, sigue siendo una de nuestras cartas de presentación más valiosas. El punto no es discutir eso, sino recordar que el sistema alimentario no funciona como un juego de suma cero entre aceites.
Tratar el aceite de palma como un ingrediente a eliminar por diseño, apoyándose en datos ambientales desactualizados y en supuestos nutricionales que la evidencia científica no respalda de manera consistente, es un error de política pública con consecuencias muy reales.
Esas consecuencias recaen, sobre todo, en los consumidores que ya van justos para llenar la cesta de la compra.
España lo comprobó durante la crisis del aceite de oliva, cuando las subidas en el supermercado no guardaban relación con lo que ocurría en el campo. Avanzar hacia un marco regulatorio que, de facto, restringe el aceite de palma sin ponderar adecuadamente sus alternativas no hará que el sistema alimentario sea más sostenible.
Lo hará más caro, menos diverso y más vulnerable a exactamente el tipo de shock de oferta que ya nos obligó hace poco a pagar el doble por una simple botella de aceite.
Si (
No(
