La tragedia, en esta ocasión de Huelva, coloca en primer plano aquello que se sabe y contra lo que nada o poco se hace: la precariedad de quienes, vistiendo uniforme y luciendo la bandera de España, quedan vendidos ante redes criminales cada vez más violentas, mejor equipadas y con enorme capacidad logística y tecnológica. Sí, había advertencias “sobre la mesa” y se han vuelto a ignorar. ¿Hasta cuándo?
Y sobre todo, ¿hasta cuándo se van a omitir las responsabilidades políticas? ¿Va a seguir quedando la reacción, también en este episodio, en una apenas brevísima y limitadísima oleada de indignación, sin más? ¿No hay más que hacer frente a unos malhechores a los que ya se les han intervenido 3.100 armas de fuego, más de 2.000 embarcaciones y unos dos millones de litros de gasolina?
¿Cuántas familias rotas más necesitamos para reaccionar? ¿Cuántas patrulleras destrozadas? ¿Cuántos agentes llorando en silencio el homicidio de sus compañeros? ¿Otra vez la Guardia Civil enterrando a los suyos mientras los narcos siguen navegando por el Estrecho con más potencia, más medios y más impunidad?
Estas últimas muertes son indisociables, de nuevo, de la incapacidad política, de las promesas vacías, de una irresponsabilidad institucional que ya resulta insoportable. En el sur de España hay hombres y mujeres jugándose la vida cada hora contra auténticos ejércitos del narcotráfico con una sensación continua, si no creciente, de desprotección. Y, lo más grave, nadie puede decir que no estaba avisado.
Las asociaciones profesionales llevan años gritando en vano. Desde los despachos se sigue hablando ininterrumpidamente de “planes especiales”, de “refuerzo de plantillas”, de “millones invertidos”… pero la realidad es que, mientras, nuestros guardias civiles continúan subiendo a patrulleras temiendo que quizá no regresen ni puedan ver jamás a su mujer y a sus hijos.
No. La tragedia de Barbate no bastó. Dos agentes asesinados por una narcolancha no bastaron. ¿Cuántos muertos hacen falta para reaccionar de verdad? ¿Todavía hay cuerda para seguir humillando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y negándoles, miserablemente, la condición de profesión de riesgo?
La hipocresía política de nuestros mediocres dirigentes, en la España de 2026, no sólo alcanza niveles insultantes sino que, trufados éstos de pura negligencia y rayana prevaricación, debiera provocar, en una democracia sana, que estos mentecatos que pretenden responder a la papeleta con unas horas de luto y algún comunicado en redes sociales, algún día puedan sentarse en el banquillo.