Ante este nuevo escenario, Enric Jiménez, CEO y cofundador del Grupo SOMRIE, considera que la medida puede tener una utilidad social en determinados casos, pero alerta de que el debate vuelve a centrarse casi exclusivamente en una de las partes del contrato. “Evidentemente hay inquilinos que necesitan ayuda y para quienes alargar el contrato puede ser de gran utilidad. No todo el mundo tiene capacidad para pagar más alquiler o para cambiar de vivienda. Pero no podemos vivir eternamente tomando decisiones en las que solo se miran los derechos de una parte y se olvidan los de la otra”, afirma Jiménez.
Una convalidación cada vez más incierta
El borrador del decreto llega después de que una iniciativa anterior del Gobierno, que ya contemplaba una prórroga de dos años para contratos que vencieran en 2026 y 2027, fuera rechazada en el Congreso en abril con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La convalidación del nuevo texto está prevista previsiblemente para septiembre, por lo que el apoyo de Junts volverá a ser determinante para que la norma salga adelante.
Para Jiménez, el contexto parlamentario hace que la aprobación sea cada vez más incierta: “Creo que cada vez va a ser más difícil que este tipo de medidas se aprueben con la facilidad de hace unos años. El Gobierno y sus socios tienen menos apoyos, otros partidos están más cansados de esta situación y la aritmética parlamentaria es cada vez más complicada”.
El CEO del Grupo SOMRIE subraya que el problema no está en proteger al inquilino vulnerable, sino en aplicar soluciones homogéneas a realidades que son muy distintas. “Haypropietarios a los que esta prórroga quizás no les afecte demasiado, pero hay otros que pueden necesitar esa vivienda para sus hijos, que quieren vender porque están jubilados, que necesitan liquidez o que tienen que ayudar a alguien de su familia” explica.
A su juicio, una misma medida puede ayudar a una familia en dificultades, pero también perjudicar a propietarios que necesitan recuperar su vivienda por razones personales, familiares o económicas.
La otra cara de los cuatro millones de beneficiarios
Según las estimaciones trasladadas por Sumar, la extensión de la prórroga permitiría que hasta 1,5 millones de hogares cuyos contratos vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028 pudieran solicitar la ampliación, con un impacto potencial sobre casi cuatro millones de personas.
Jiménez cree que esas cifras muestran la dimensión social de la medida, pero también obligan a mirar el reverso del mercado: “La foto de cuatro millones de personas beneficiadas es muy potente, pero si solo miramos una parte, el diagnóstico queda incompleto”.
El decreto también incorporaría medidas contra el uso fraudulento del alquiler de temporada y por habitaciones, una práctica que el Ejecutivo quiere regular para evitar que se utilice como vía para esquivar los límites de precios en zonas tensionadas. Además, el paquete prevé elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos y endurecer el régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas digitales.
Para el CEO del Grupo Somrie, estas líneas de actuación pueden tener sentido si se dirigen a corregir abusos concretos, pero apunta que “si el enfoque es siempre el mismo, acabamos trasladando todo el peso a una parte del mercado”. Para el experto, “hay que escuchar a los propietarios y analizar caso por caso” y reclama una política de vivienda que combine protección social, seguridad jurídica e incentivos reales para aumentar la oferta disponible.
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