Los artífices, cómplices, cooperadores y encubridores de estas maniobras de negociación con los malhechores euskaldunes, ha sido y es toda la clase política (con alguna honrosa excepción) que han seguido cacareando las excelencias del sibilinamente llamado “proceso de paz” -¡cómo si hubiera existido alguna vez una guerra en tierras vascongadas!- y lo único que han conseguido es legitimar las acciones terroristas de los últimos cuarenta años.
Desde los lejanos tiempos de la UCD, maestra a la hora de enterrar a los asesinados en la más absoluta clandestinidad, se evitó a fondo una reforma de las leyes penales que garantizara el cumplimiento real e íntegro de las penas. Los sucesivos gobiernos fueron evitando la reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos de terrorismo, asesinato o violación, negándose, hasta la actualidad, a tratar el tema de la cadena perpetua, aunque fuera la revisable, o el cumplimiento real de las condenas.
En los años de gobierno socialista, los terroristas podían disfrutar de un amplio régimen de beneficios para redimir las penas y aunque desde las asociaciones de víctimas del terrorismo o de importantes sectores de la opinión pública, se pedía que se cumplieran las penas en su integridad, la clase política gobernante no se dio por aludida pues era fundamental mantener el sistema si se quería negociar con ETA, ya que una de las reclamaciones de los terroristas era la liberación de sus presos.
Tuvimos en España, durante décadas, una clase política absolutamente insensible con el dolor de las víctimas y que mantuvo abiertos canales constantes de negociación con la banda terrorista. La llamada “doctrina Parot” fue un hueco legal interpretativo que permitió mantener en prisión a los terroristas y forzar a ETA a negociar. Ahora hemos visto que era una doctrina con fecha de caducidad. Era una doctrina incómoda que impidió, primero, a Zapatero y, después, a Rajoy el negociar con soltura y comodidad con los asesinos. La doctrina Parot ha sido liquidada por el Tribunal de ¿Derechos Humanos? de Estrasburgo con el concurso solícito y entregado de un juez español –quien, por cierto, es hijo del Coronel Luis López Anglada, gran poeta y franquista confeso que luchó en el bando nacional- nombrado estratégicamente por José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo que hemos visto hasta ahora es una acción gubernamental, seguidora de las tesis zapateristas del llamado “proceso de paz”, que mantiene una política de gestos y guiños para allanar el camino a una rendición anunciada. Gestos como la liberación del depredador Bolinaga, los reiterados permisos a Lasarte o tolerar definitivamente que los etarras se asienten políticamente en las Vascongadas o Navarra son la evidencia palmaria de que el PP es la otra cara de la misma moneda.
Sin embargo, tras la sentencia estrasburguesa, ¿podrán los populares controlar a sus votantes? ¿tendrán un coste político inaceptable? ¿entrarán en una fase de descomposición?¿se vertebrarán otras opciones políticas de derecha? Como siempre, la respuesta está en el viento del devenir histórico-político de España.
- Luis Sánchez de Movellán es doctor en Derecho y Director de la Vniversitas CEU Senioribvs
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