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CON ELLO QUEDARÍA ZANJADA SU RESPONSABILIDAD CIVIL

La infanta Cristina pagará esta semana los 600.000 euros que le pide el fiscal por el lucro de su esposo

Para el exsocio Diego Torres el fiscal pide 14,5 años de cárcel, mientras que para su esposa, Ana María Tejeiro, solicita 2 años de prisión por blanqueo y que devuelva 1.144.240 euros

lunes 15 de diciembre de 2014, 07:54h
El prestigioso abogado Miguel Roca informó sobre su defendida, la Infanta Cristina.
El prestigioso abogado Miguel Roca informó sobre su defendida, la Infanta Cristina.
La infanta Cristina tiene previsto hacer frente esta semana al pago de los casi 600.000 euros que la Fiscalía le reclama por su responsabilidad civil en el caso Nóos. El abogado de la infanta, Miquel Roca, ha confirmado el fin de semana pasado en un acto en Barcelona que «el lunes o a principios de semana» Doña Cristina consignará al juzgado los 587.413 euros que le pide el fiscal como beneficiaria a título lucrativo de los delitos fiscales que se le atribuyen a su marido, Iñaki Urdangarin. Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el ministerio público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo al 50 %, y que destinaron a pagar gastos personales.

El fiscal Pedro Horrach considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, «se benefició» porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar. El fiscal, en cambio, ha solicitado al juez de Palma de Mallorca que instruye el caso, José Castro, que no lleve a juicio a la infanta Cristina, porque no hay indicios para acusarla.

También el despacho de Miquel Roca ha solicitado al juez el sobreseimiento de la actuaciones contra la infanta Cristina en el caso Nóos al haberlo pedido explícitamente la Fiscalía Anticorrupción y al no acusarla ni la Agencia Tributaria ni ninguna acusación particular. Para el duque de Palma, la acusación pública solicita una pena de 19,5 años de cárcel y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
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